El juez Carlos Vera Barros dispuso este viernes a última hora de la tarde la prisión preventiva para el hijo del ex presidente de Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan, llamado Esteban Shanahan, mientras que su esposa, Graciela, irá a prisión domiciliaria y sus hija, Lucila, fue excarcelada
El magistrado tomó la decisión tras presidir durante todo el día la declaración indagatoria en la que los fiscales federales Juan Argibay, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari imputaron a toda la familia Shanahan por presuntas maniobras de lavado vinculadas a la compra y venta de acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR), la concesionaria de los muelles I y II.
En la misma causa se libró una orden de detención internacional contra el empresario catalán Jordi Pujol (por presuntos sobornos y lavado de activos vinculados a la concesión de los muelles rosarinos) y contra el financista rosarino radicado en España Iván Ferrarons (apuntado como socio de Shanahan en el lavado).
En líneas generales, para los fiscales Pujol (h), de una de las familias catalanas con más peso político y económico de esa región española, lavó millones de euros y dólares proveniente del narcotráfico internacional con la compra y venta de acciones de TPR, teniendo como administrador local de las maniobras a Shanahan.
Opacidad accionaria
La presencia del Shanhan, un financista de la city, y el empresario catalán Jordi Pujol en el Puerto de Rosario se asientan sobre un problema fundacional de la empresa que tiene la concesión de las terminales I y II del puerto desde 2002: su opacidad accionaria y gaseosa institucionalidad y permanentes cambios en la titularidad de las acciones que parecen siempre estar en el fleje de la legalidad.
Terminal Puerto Rosario (TPR), que ganó la concesión durante el gobierno de Carlos Reutemann, estaba formado mayoritariamente por un diverso conglomerado de empresarios del establishment rosarino que se había formado a finales de los ochenta y crecido fuerte en los noventa en negocios de la construcción (como la constructora SGA), las finanzas y los servicios jurídicos; acompañados por un grupo de empresas catalanas que operaban en el puerto de Tarragona con una participación accionaria minoritaria.
La cabeza visible de ese particular conglomerado (cuyas figuras siempre permanecieron fuera del radar público haciendo todo tipo de negocios no portuarios) y presidente de TPR era Guillermo Salazar Boero, titular de un grupo de acciones que -según el contrato de concesión- eran intransferibles por 10 años.
Primera aclaración: el puerto de Tarragona, a contramano de lo que se decía por aquellos años, nunca tuvo participación accionaria o compromiso económico con el puerto, pero sí ofició de puente institucional con empresas españolas a las que logró interesar para que vengan a explorar el desarrollo de rutas de comercio exportador e importador entre Rosario y Tarragona.
En concreto, la conformación original de Terminal Puerto Rosario S.A., constituida el 7 de agosto de 2002 con un capital social de $5.000.000, muestra que Pro Puerto S.A., Inter Rosario Port Services S.A. e Interlogística Portuaria S.A. concentraron prácticamente la totalidad del capital, con aportes del 48%, del 30% y del 21%, respectivamente. Mientras la primera se radicó en Rosario, las dos últimas fueron constituidas en la ciudad de Tarragona, España, declarando en la Argentina un domicilio idéntico en la calle Peña N° 2083, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual a su vez coincidía con la sede de la firma Loster Company S.A.
Mientras que la argentina Pro Puerto reunía a los inversores locales, las dos firmas españolas nucleaban a las empresas catalanas com. Fruport SA, Silos de Tarragona SA, TPS Tarragona Port Services SA, Naviera del Odiel SA, Obrascon Huarte Laín y la cementara Goliat.
Para 2004, TPR realizó una asamblea de accionistas que levantó mucha polémica. Por aquel entonces, la empresa necesitaba una capitalización urgente para cumplir con las exigencia contractual de inversión en infraestructura.
El incremento de capital social de Terminal Puerto Rosario S.A. anunciado en diciembre de 2004 -destinado formalmente a cubrir el plan de inversiones exigido por el Ente Administrador del Puerto de Rosario para elevar el capital a $10.500.000- fue aportado por Pro Puerto con fondos provistos de forma directa por la firma Loster Company S.A que tenía como accionistas a Pablo Salazar (hijo del entonces presidente de TPR) y a Carlos María Espina.
El tema es que para fondear ese envío de recursos, Loster recibió -según reconstruyeron los fiscales federales- un préstamo de Brantridge Holdings Ltd. constituía una firma instrumental utilizada de forma recurrente por Jordi Pujol Ferrusola para retirar dinero de España presuntamente generado en las actividades de corrupción pública bajo juzgamiento en dicho país.
La coincidencia temporal entre el ingreso del pretendido préstamo a Loster Company S.A. y el incremento de capital de Pro Puerto S.A. en TPR demuestra el ingreso, se presume que por primera vez, de fondos que Jordi Pujol (h) trae desde el exterior hacia el Puerto de Rosario. Fondos oscuros, como se verá luego.
Pero la ampliación concretada terminó siendo objetada por las empresas reales de Tarragona que vieron licuada su participación. Y como al mismo tiempo la exploración de negocios fue un fracaso, las empresas de Tarragona iniciaron una batalla judicial como intento de salida.
Fue entonces que el empresario catalán Jordi Pujol (h) compra las acciones de los catalanes, dándole esa puerta de salida al fallido negocio que él y su gente (el puerto de Tarragona) les habían propuesto.
Entonces, a través de la empresa Inter Rosario Port Service, fue que Jordi Pujol controló de manera total a las dos empresas accionistas españolas de TPR, además del dinero que ya había puesto a Pro Puerto.
Pujol juega más fichas
Entre 2007 y 2008 ocurrió un proceso que nunca quedó claro: el puerto pasó de tener ganancia contables a millonarias pérdidas, lo que agitó las versiones de un posible vaciamiento.
Fue, entonces, que hacia 2009 TPR estaba otra vez contra las cuerdas, pero esta vez de manera terminal por la combinación de la caída de la actividad y la falta de capital propio.
Y allí es cuando aparece (al menos en la faz pública) Shanahan quien, pasando a controlar la firma Pro Puerto (una de las fundadoras de TPR), se queda con el 50% de la empresa y corre a Salazar de la titularidad. También se blanquea, finalmente, la presencia de Pujol que en 2009 y 2010 figuró como director de TPR.
Todo ese proceso de cambio jugó, por lo menos, al fleje con las normativa de sociedades y de concesiones en lo referente al cambio de acciones en concesionarias.
¿Pero fue realmente ahí cuando apareció Shanahan en TPR? Es que rastreando sus negocios se puede ver una participación también en la firma Inter Rosario Port Services S.A, que ya era accionista de TPR. Es más Gustavo Shanahan revistió sucesivamente las calidades de Director Suplente (2003), Director Titular (2006), según los registros. Eso muestra que su relación con el puerto y Jordi es anterior al 2009. Es más, ¿la presencia de Shanhan en 2009 no fue para darle apariencia de licitud a las acciones que Pujol ya tenía en TPR?
Como sea, Shanahan siempre dijo que para financiar esa compra de 2009 tocó muchos timbres, pero nunca señaló que una canilla de ese fondeo fue el propio Jordi Pujol (h). Al menos hasta que, ya corrido de TPR, y en el marco de una audiencia con el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional (Madrid), española que investigaba a Jordi Pujol (h) por evasión y lavado, admitió que el puerto recibía dinero negro y no declarado del catalán para blanquearlo como inversión en el puerto de Rosario.
Acá aparece un tema inquietante: la Justicia española le imputó en ese momento a Jordi Pujol (h) "haber administrado y puesto en circulación fondos provenientes del comercio de estupefacientes juzgado en la causa Manzo”, que investigaba las actividades de una red presuntamente liderada por miembros de la familia Manzo dedicada a la introducción masiva de cocaína en España y Europa mediante rutas marítimas desde Sudamérica. En tanto, Shanhan, en 2021 ya en retirada tras la caída de todos su negocios, fue detenido por realizar operaciones cambiarias para narcotraficantes, razón por la que fue condenado por narco y causa por la que hoy está preso.
¿La compra de acciones de TPR por parte de Shanahan estuvo financiando por dinero narcio que venía el catalán para blanquear, operación de lavado que se cierra en 2010 (al vender las primeras participaciones societarias de Pro Puerto y de Inter Rosario Port Service a Aotsa, empresa con la que Vicentín puso el primer pie en el puerto de Rosario) y luego en 2012 cuando le terminan trasladado todo el capital a la aceitera santafesina? Así lo piensan los fiscales federales.
Casino, propiedades, autos: el lavado queda en familia
Ahora bien: ¿por qué quedan involucrados los familiares de Shanahan? Aparecen firmantes en la triangulación que hubo entre empresas y sociedades, muchas del exterior, para instrumentar ese acuerdo transnacional. Esas maniobras se habrían hecho para obtener con la venta un precio muy superior al de la inversión inicial y ocultar el origen de esos fondos.
Además, sospechan, los fiscales Shanahan puso en cabeza de su familia bienes inmuebles para ocultar dinero ilícito que le enviaba Pujol, como casas en Fisherton y en country Carlos Pellegrini, loteos en el fideicomiso del Country Golf, casas en el “Club de Campo la Rinconada” y casas en el barrio Tierra Nueva (no en el desarrollo del complejo), departamentos en el centro de Rosario. También con operaciones de compras de vehículos de alta gama como un BMW, dos Mercedez Benz y dos jeeps Renegade.
¿Cómo operaba el lavado? El dinero no justificado ingresaba como precio de compra (subvaluado en los papeles) y salía como producto de una venta (a mucho mayor precio) documentada (a veces no real porque el usufructo del bien seguía en manos de la familia.
Un caso que lo clarifica es la compra de una propiedad en La Rinconada. Según la investigación de los fiscales, los hermanos Shanahan adquirieron un lote proindiviso a la firma La Rinconada Emprendimientos S.A. por el valor subvaluado de 35.000 utilizando una falsa acta de "donación de dinero" de su madre Graciela Niobe, que en ARCA figura como una jubilada ordinaria que percibía un haber de apenas $255.561 anuales a esa fecha, careciendo de capacidad de acopio de divisas. Luego, vendieron la misma unidad por USD 250.000, recibidos íntegramente en efectivo. La diferencia entre el precio de compra declarado (USD 35.000) y el de venta (USD 250.000), obtenida en cinco meses y sin obra ni mejora documentada, sólo se explica si el precio de compra fue subvaluado y la inversión real se hizo con efectivo no declarado.
En concreto, se les imputa a Gustavo Pedro Shanahan y a Esteban Gustavo Shanahan haber puesto en circulación en el mercado lícito local, entre abril de 2018 y mayo de 2019, la suma aproximada de $35.000.000. Ese dinero provenía de las cuotas de pago de la venta de las acciones de TPR.
Según los fiscales la conducta se ejecutó también mediante la simulación de al menos diez operaciones de mutuo intersocietario, celebradas en la ciudad de Rosario por sí o en representación de Pro Puerto e Interlogística Portuaria con empresas como Natural Food S.R.L que estaban a nombre de Ferrarons
Estas transferencias de fondos y sus correlativos reintegros instrumentados mediante recibos de cobro celebrados entre noviembre y diciembre de 2019 por las sumas de $4.645.836,13 y $4.722.043,11 fueron ejecutados con la finalidad de fragmentar los fondos y ocultar el rastro del dinero proveniente de la venta de las acciones, sostienen los fiscales.
Por ejemplo, se le imputa a Esteban Gustavo Shanahan, en su carácter de fiduciante inversor, haber invertido dinero en efectivo de origen ilícito generado por la organización, mediante aportes en efectivo, convenios de adhesión y cesiones de cuotas partes en el marco del desarrollo inmobiliario denominado "Fideicomiso Tierra Nueva II" (Fisherton) entre los años 2016 y 2018, otro negocio que administró Ferrarons.
Es importante aclarar que no participaron en la desarrolladora del complejo de condos y edificios sino que encararon, en ese barrio, construcciones propias independientes de la desarrolladora del barrio.
La participación del hijo y la hija los complica también con Arca. La adjudicación de propiedades ocurre en las mismas fechas en la que se encontraban registrados únicamente como monotributistas en categorías mínimas de servicios y venta de cosas muebles (confección de prendas de vestir infantiles).
La desproporción entre sus ingresos lícitos declarados y la adquisición de cuotas fiduciarias en un barrio cerrado de alta gama desvirtúa cualquier pretensión de regularidad comercial, evidenciando que actuaron como prestanombres para segmentar y distanciar el capital espurio de su fuente ilícita transnacional, es lo que sostienen los fiscales.
Es más, los fiscales sospechan que el dinero de Pujol también se usó para fondear la "cueva" cambiaria que -junto con con Ferrarons- armó luego en España 889 (sexto piso, operaciones por las que luego fue detenido. Los fiscales calculan que allá pus $32.000.000 en efectivo de los años 2012/2014.
Es más, según datos recabados por los fiscales, otra forma de lavado que habría realizado Shanahan fue jugando en el casino. Entre junio de 2016 y junio de 2018, tuvo una operatoria en las mesas VIP de ruleta del City Center por $23.683.762,30.
Específicamente, según la imputación de Fiscalía, la conducta se fragmentó en operaciones reiteradas de compra y cambio de fichas en las dependencias VIP ("Ruleta Americana"), por una suma consolidada de $19.839.426,50, combinadas con el cobro formal de cinco premios de sorteos oficiales por $3.844.335,80. Esas operaciones persiguieron dos finalidades: ocultar el rastro del dinero en efectivo no declarado y dar apariencia de origen lícito al dinero negro.
¿Y cómo Shanahan y Jordi Pujol (h) disimularon la llegada y salida de fondos de origen espurio transnacional? Una posibilidad es que hayan simulado pasivos o estructurado compensaciones financieras. Por ejemplo, los fiscales descubrieron un l “Convenio de reconocimiento de deuda; Acuerdo de cesión de derechos sujeto a condición suspensiva”, que en 2015 firmaron Inter Rosario Port Services y Shanaha. en el cual se habla de una deuda de u$s850 mil del catalán con el rosarino por la gestiones de intermediación ante Vicentin en la operación de venta.
La salida
La investigación de los fiscales también pone la lupa en la venta de las acciones de TPR de las tres empresas originarias a Vicentin operado gradualmente entre 2010 y 2012 detectando triangulaciones y valores alterados para facilitar el blanqueo. En resumen, así como el ingreso de fondos fue observado como parte del lavado de fondos de Pujol (h) el proceso de salida o venta de acciones (con triangulaciones para ocultar fondos y dificultar el rastreo) fue también parte de la misma maniobras, según los fiscales.
“Pujol ejerció el mando presencial del plan criminal en el territorio nacional y que aquí coordinó con Gustavo Pedro Shanahan la estratificación, el encubrimiento y la restitución de los fondos de origen ilícito”, sostienen los fiscales.
Va un ejemplo: El 10 de julio de 2012, Inter Rosario Port remitió formalmente desde Barcelona una "oferta de venta" de la totalidad de su participación en la concesión portuaria -consistente en 24.300 acciones clase “A”, representativas del 30% del capital social de TPR- a la firma argentina Vicentin S.A.I.C., la cual aceptó formalmente la propuesta el 7 de agosto de 2012.
El precio de la compraventa se estipuló en USD 8.932.591,78, con un cronograma de pagos aplazados: un pago inicial de USD 1.932.591,78 tras la aceptación de la oferta; cuatro cuotas anuales de USD 1.000.000 entre 2013 y 2016; y una cuota final de USD 3.000.000 a los 60 meses, con vencimiento el 20 de diciembre de 2017.
Con esta maniobra, para los fiscales, la firma retiró a un precio exponencialmente mayor el capital que Pujol Ferrusola había introducido en el año 2007 por USD 451.793, simulando una extraordinaria ganancia comercial en un contexto de absoluta inconsistencia. En efecto, apenas tres años antes -en julio de 2009- Terminal Puerto Rosario S.A. había abierto su propio concurso preventivo, con un pasivo verificado cercano a los $100.000.000, lo que revela la falta de correlación con la realidad económica de la terminal.
El tema es que en los libros de actas de TPR no surge que Inter Rosario Port Services SA hubiese transferido sus acciones a Vicentin S.A.I.C., ni se hace referencia a ninguna transferencia a favor de esta última corporación. Por el contrario, la firma oferente confirió su consentimiento expreso para que Vicentin S.A.I.C. nominara al adquirente definitivo de dichas acciones, procediéndose a la registración de la transferencia directamente a favor de la sociedad de origen chileno denominada Inversiones Portuarias Andinas Limitada, con domicilio en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
Esta triangulación registral tiene relevancia penal directa para la figura de lavado de activos. Para los fiscales, Vicentin S.A.I.C. operó como un puente de intermediación destinado a quebrar la trazabilidad de la cadena de transferencia. De ese modo se borró de los registros públicos locales el rastro del verdadero titular del capital espurio, Jordi Pujol Ferrusola, y las acciones subrogantes ingresaron al mercado a nombre de una sociedad extranjera sin vinculación histórica con la causa.
En definitiva, Shanahan, único administrador de Inter Rosario Port Services, realizó esta transferencia de acciones a terceros con la finalidad de otorgar apariencia de licitud a esos bienes subrogantes del delito, en tanto las acciones habían sido adquiridas con dinero proveniente de Jordi Pujol (h), según los fiscales.
El proceso de venta del resto de las acciones de TPR en manos de las otras dos empresas (que fue gradual y en cuotas) también tuvo distinto tipos de maniobras para ocultar montos y dificultar el rastreo. El circuito económico de lavado no concluyó con las ventas de las acciones en 2012, sino que se mantuvo plenamente activo y en etapa de ejecución poscontractual directa hasta el 2019 mediante la percepción regular de cuotas anuales millonarias que alimentaron otros negocios, como la cueva de calle España
Finalmente, un tema no menor es que los vendedores tienen denuncias cruzadas entre ellos por incumplimientos contractuales en ese paso de dinero de la venta y a su vez denuncian incumplimientos en los pagos de Vicentin, quien en 2010 y 2012 compró todas las acciones de TPR a Shanahn y Pujol para luego desde ahí vender hacia 2012 el 30% a Ultramar, empresa top latinoamericana con base en Chile. No en vano, Pro Puerto (de Shanahan) se presentó a verificar deuda en el concurso de acreedores de Vicentin en 2020.
Como es sabido, la historia no terminaría bien para Vicentin: su escandaloso default de diciembre de 2019 le desfinanció su negocio en el puerto. Fue así que empezó a perder acciones hasta quedarse con un 30%, convirtiéndose Ultramar en el socio mayoritario.
Hoy, a diferencia de ese pasado tormentoso, la situación institucional en TPR parece encaminada porque no quedaron los nombres y personajes del pasado y hoy tiene una composición accionaria seria y transparente. Ultramar, reconocido grupo internacional, que se encarga de la operatoria del puerto, y el grupo Grassi, reconocidos cerealistas que se quedaron con las acciones de Vicentin.
