El camarista Javier Beltramone ratificó este miércoles por la mañana la absolución de Pablo Barra, quien fue denunciado en 2018 por haber supuestamente abusado de su hija, hecho por el cual perdió todo tipo de contacto hace más de siete años. Su historia integra la lista de casos expuestos en la denuncia radicada ante el Ministerio Público de la Acusación contra tres psicólogas de Rosario, quienes habrían realizado falsos informes para desvincular deliberadamente a niñas y niños de sus padres.
El fallo de segunda instancia tuvo lugar en los Tribunales provinciales de Montevideo y Balcarce, donde Beltramone dejó firme la absolución de Pablo Barra, quien estuvo defendido por la abogada Viviana Cosentino. Llamativamente, el jueves de la semana pasada la querella –es decir, la denunciante– informó por escrito que desistía de la apelación y de participar en la audiencia. Por ese motivo, solo la fiscal Cecilia Cardinalli –quien no instruyó el legajo– estuvo en la pata acusadora.
En una parte de la resolución, el camarista cuestionó a la Fiscalía Regional por haber sacado del archivo este legajo sin “fundamentación suficiente” y por haber tenido en cuenta como relevante los informes de la psicóloga P. B. –una de las tres profesionales denunciadas–, cuyas actuaciones ya fueron puestas en crisis en otra causa donde un padre denunciado por abuso resultó sobreseído.
“No se trata de un supuesto aislado, sino de una modalidad de actuación reiterada”, aseguró respecto de la intervención de los informes psicológicos.
Beltramone también remarcó: “No puede soslayarse que estas prácticas proyectan efectos concretos y disvaliosos sobre otras jurisdicciones, en particular en el fuero de Familia, en tanto inciden directamente en procesos de revinculación paterno-filial y en la adopción de medidas que encuentran su sustento en la existencia de una imputación penal que luego no logra sostenerse probatoriamente. De este modo, se produce una extensión indebida de los efectos del proceso penal sobre esferas ajenas, con impacto directo en el interés superior del niño, que exige decisiones fundadas, proporcionales y sustentadas en evidencia suficiente”.
Al hombre lo había imputado por abuso sexual simple, agravado por ser cometido por el ascendiente, la fiscal Noelia Riccardi y la querella. Para el juez Pablo Pinto, y ahora Beltramone, durante todo el derrotero judicial no se recolectaron evidencias que permitan llevar la acusación a una condena.
“Me explotó una bomba en el momento que supe de la denuncia y que no pude ver más a mi hija. Fueron 7 años en que literalmente transcurrí un calvario, me dejaron y me sentí absolutamente solo”, dijo Pablo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres) la semana pasada.
El propio denunciado relató que su proceso legal estuvo marcado por demoras sistemáticas que lo perjudicaron. “Comienza una investigación donde en primera instancia, en menos de un año, la fiscal decide archivar la causa”, explicó. Luego, agregó que la causa fue desarchivada y llevada a juicio, donde se lo declaró absuelto, aunque posteriormente dicho fallo fue apelado tanto por la Fiscalía como por la querella.
“Nadie piensa en los chicos. Es mucho tiempo. Hoy yo creo que no hay una Justicia que alcance para mi hija”, lamentó.
La situación de Pablo no es un hecho aislado. En septiembre del año pasado, un equipo de abogados que incluye a Viviana Cosentino, el exministro de Justicia Juan Lewis, la excamarista Carina Lurati y el abogado José Nanni, entre otros, presentó una denuncia por falso testimonio agravado contra tres psicólogas. La presentación señala que las profesionales, identificadas con las iniciales P.B.A., G.R.S. y N.V.A., utilizaban descripciones idénticas y copiadas de manera textual para distintos pacientes infantiles, asimilándose a "formularios prearmados".
Según ese escrito, los reportes fueron elaborados sin entrevistar previamente a los padres acusados y resultaron determinantes para que los jueces ordenaran la restricción de acercamiento o impulsaran los procesos penales. En el análisis de la información periodística del programa, se mencionó otro caso similar. Se trata de la situación de Mario, un hombre denunciado en febrero de 2022 y sobreseído en enero de 2025 sin siquiera llegar a juicio. En esa oportunidad, el juez Nicolás Foppiani cuestionó con dureza el criterio de la investigación y las bases de los informes psicológicos presentados.
La causa penal contra las profesionales de la salud mental recayó en la fiscal Guillermina Aiello. Los abogados denunciantes pidieron su apartamiento ante la falta de celeridad en las medidas adoptadas, pero el fiscal regional Matías Merlo no solo la ratificó en la causa, sino que además le agregó a las fiscales Guillermina Torno y Bárbara Glikman para que colaboren en la investigación.