Un grupo de abogados penalistas denunció en Rosario a tres psicólogas por presunta asociación ilícita, acusadas de elaborar reportes prearmados para desvincular deliberadamente a niñas y niños de sus padres. El caso salió a la luz tras la absolución de Pablo Barra, un hombre que pasó siete años sin ver a su hija debido a una denuncia impulsada por su expareja y avalada por los informes de estas profesionales. En diálogo con el programa De boca en boca, de Radio 2, la abogada defensora Viviana Cosentino expuso las graves falencias del sistema y advirtió que "hay como una red establecida para emitir este tipo de informes y obtener este tipo de resultados".

La odisea de Barra comenzó en junio de 2018 cuando le dictaron una medida cautelar de prohibición de acercamiento tras la acusación de la madre. Según el contexto aportado por los defensores, el proceso legal estuvo plagado de demoras y la Fiscalía llegó a archivar el expediente en primera instancia, pero fue reabierto por los reportes privados aportados por la querella. Cosentino explicó que "la psicóloga siguió presentando escritos diciendo que había signos de abuso y que además la nena no podía someterse a cámara Gesell", lo que prolongó la investigación durante años sin que la Justicia escuchara a la pequeña, que en ese entonces tenía tres años.

Al contrastar la información con otros colegas del fuero, el equipo legal –integrado también por Juan Lewis, Carina Lurati y José Nanni– detectó al menos otros seis casos similares con el mismo accionar. “Cuando vemos esos indicadores, se repetían en todos los casos, que el nene estaba retraído, que cuando se le hablaba del papá miraba para otro lado, que dibujaba la familia, pero al papá no lo dibujaba", detalló la abogada, destacando que otros profesionales ajenos al entorno de las madres, como pediatras o docentes, hablaban de niños adaptados y sin estos síntomas.

La crítica central de los defensores apunta a cómo la Justicia de familia y la Fiscalía valoraron estas pericias de parte por encima de los dictámenes oficiales e imparciales. Cosentino señaló que a menudo en el audio "el juez le da prioridad a un informe que presenta la mamá de la psicóloga que atiende a la nena" a pesar de tener evidencia de asistentes sociales o abogados del niño que demostraban lo contrario. Además, la letrada reveló un dato llamativo sobre la profesional que atendió a la hija de Barra y recomendó alejarla de su padre: “Hacía seis meses que se había recibido de psicóloga".

Actualmente, la causa penal contra las profesionales (identificadas con las iniciales P.B.A., G.R.S. y N.V.A.) recayó en la fiscal Guillermina Aiello. Mientras se evalúa el accionar de las psicólogas, que según la denuncia pertenecen a una misma asociación civil, los padres absueltos intentan recomponer los lazos filiales. Sobre el impacto de estas demoras judiciales, Cosentino fue contundente: "Mientras tanto, esos chicos están tratados por estas psicólogas, están con el discurso de la madre (...) cuando ese chico llega a la cámara Gesell, quién puede saber o entender que lo que ese chico está expresando es lo que vivió o es lo que le implantaron".

Finalmente, la representante legal recordó que este viernes por la mañana tienen la audiencia de apelación para ratificar la absolución de Barra y remarcó que las medidas extremas de restricción no pueden sostenerse casi una década sin revisión. La lentitud en la resolución de estos conflictos, argumentó, perjudica a todos: "Es terrible si el caso es mentira y es aún más terrible si el caso es verdad". Por último, insistió en que el objetivo de las familias denunciantes no es la revancha, sino evitar que nuevas personas atraviesen el mismo padecimiento, ya que "el daño que nos causaron ya no lo repara nadie".