Después de una sesión de once horas que comenzó el viernes y terminó en la madrugada del sábado, todo era celebración en el gobierno provincial y en Unidos. Ante todo porque en la semana había superado el objetivo político más delicado de la reforma constitucional, la posibilidad de reelección para el actual gobierno -que salió junto al tope de dos mandatos consecutivos para los legisladores y el límite a los fueros parlamentarios-, pero también porque lo aprobado hasta ahora alcanzó una base sólida de acuerdos políticos.
La Casa Gris exhibía ayer los resultados de las votaciones de la semana como refutación de quienes desde la oposición decían que la nueva Constitución estaba redactada de antemano: “Sólo dos artículos salieron con 36 votos de 69. Del resto, todos tuvieron de 45 para arriba y el 70% salió con más de 50 votos. Hubo tres artículos que lograron unanimidad. No es lo que nos auguraban algunos sectores de la oposición”.
Hasta aquí los números reflejan consensos con volumen político. La base la conforman el oficialista Unidos, el aliado minoritario Frente de la Esperanza y los dos bloques que reúnen al peronismo y sus aliados, aunque en este último caso con matices, fruto de la “unidad con flexibilidad” que se acordó internamente que habilita a votar divididos en ocasiones sin que eso implique romper el bloque. Por ejemplo, la cláusula transitoria de reelección la acompañaron 7 de los 12 integrantes, tal como se adelantó semanas atrás en esta columna.
No es poco lo del panperonismo si se tiene en cuenta que a la Convención llegó con dos bloques y que en el de Más de Santa Fe coexisten tres grupos. En el medio logró armar una lista de unidad para las elecciones de diputados nacionales. A su vez, aportó madurez política al debate constitucional, así como facetas diferentes que complementan interpelación permanente, solvencia técnica y búsqueda de acuerdos políticos para ser parte de la escritura constitucional.
Unidos y sin fisuras
Mientras la “flexibilidad” es lo que da soporte al peronismo y sus aliados, la marca de Unidos es votar siempre en bloque, a pesar de que en su interior hay tanta o más diversidad. Suena más sencillo de lo que es en la práctica, más cuando un coro de bancada de la oposición aprieta la herida ante cada contradicción o diferencia interna que detecta.
El estatus constitucional que se le daría al sistema previsional santafesino fue un ejemplo. Eran conocidas las diferencias entre el socialismo y el PRO, aunque también estaban repartidas las opiniones en la UCR. Se generó mucho ruido dentro de Unidos y el jueves fue el gobernador Pullaro el que inclinó la balanza a favor de explicitar en la redacción del texto constitucional la intransferibilidad del sistema.
Había motivos fuertes para hacerlo. En primer lugar transferir la Caja nunca estuvo en los planes de este gobierno; y en segundo lugar esa posición coincidía con los demás bloques que sustentan los acuerdos básicos de la Convención. Puertas adentro de Unidos, hubo un dedicado trabajo de contención al PRO por parte de la UCR, así como contacto fluido de radicales y socialistas con sindicatos y opositores. Al final, oficialismo, gremios estatales y el peronismo y sus aliados se repartieron los laureles para alivio de los empleados públicos de la provincia.
Los opositores ultra
Tanto La Libertad Avanza como Somos Vida se parapetaron en un lugar de oposición intransigente. Nicolás Mayoraz y Amalia Granata, como jefes de bancadas, compiten por el apedreo verbal de todo lo que se les cruce adelante.
Ninguna de esas dos fuerzas está dejando marcas en la nueva Constitución, salvo como opositores testimoniales. El fin de la Convención se acerca y el volumen político que el nuevo texto viene sumando los obliga a doblar la apuesta discursiva para no diluirse en la intrascendencia.
Es un juego político entendible (aunque cuestionable por las formas) pero sin margen de error. Jugar fuerte supone respuestas fuertes, como corroboró el convencional José Machado cuando el viernes a la noche, en una sobreactuación de defensa de Granata tras el enésimo cruce con el presidente Felipe Michlg, se lanzó a dar una clase sobre ética política y financiamiento de campañas electorales. Se hundió solo en el silencio cuando la convencional socialista Lionella Cattalini aludió, sin nombres propios, a sus vínculos con el financista Fernando Whpei, hoy en prisión preventiva por la misma causa que el exjuez federal Marcelo Bailaque y en la que el convencional de Somos Vida está mencionado aunque no imputado.
La carta libertaria
La Libertad Avanza celebró como un triunfo el dictamen de la fiscal de Cámara Mariela Sarrías a favor de que la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial acepte estudiar el amparo que promovió por presunta inconstitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de reforma.
El dictamen va en sentido contrario del fallo de primera instancia de la jueza Susana Gueiler, quien en febrero pasado rechazó el amparo, aunque hizo observancia sobre algunos pasajes de la ley que las dejó sujetas al futuro reglamento de funcionamiento de la Convención.
El dictamen de Sarrias no es vinculante y ahora deberá ser analizado, a pedido de los amparistas, por una cámara integrada, es decir que en lugar de tres serán cinco los jueces que fallen. Cabe señalar que la Convención termina en diez días.
Semana crítica
Las sesiones plenarias del lunes y miércoles completarán el rediseño institucional de la provincia. El lunes en todo lo referido a la organización de municipios y comunas. Dos días después se cocinará el formato del sistema del Poder Judicial, que viene juntando presión desde que Santa Fe tuvo que reformular toda su Justicia penal, hace casi 20 años.
Parte de esa presión pasaba por el destino del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa y la garantía de independencia en la nueva Constitución.
En ese contexto, la fiscal general María Cecilia Vranicich solicitó a la Corte que, siendo que la independencia del MPA es prácticamente un hecho, se le permita tomar juramento a los nuevos fiscales que asumieron entre la semana pasada y esta. La Corte se apegó a las normas vigentes y denegó la cortesía. En ese caso las autoridades del MPA montaron una sutil protesta quedándose de píe en la primera fila (como muestra la foto) en el momento que juraban los fiscales que a partir de ese momento pasaron a estar a su cargo.
El hecho casi anecdótico tiene estrecha relación con el rediseño constitucional en marcha, donde se definió la creación de un Ministerio Público por fuera de los tres poderes del Estado conformado por el MPA y la Defensoría Penal, que dejarán estar bajo la superintendencia de la Corte Suprema y serán órganos independientes.
Definido ese esquema institucional, la presión se centrará de acá al miércoles sobre los mecanismos que definió el dictamen de mayoría en relación a la selección y destitución de jueces, fiscales y defensores. En especial, por la inclusión de dos legisladores sobre cinco miembros del futuro órgano de selección y de cuatro (dos diputados y dos senadores) sobre siete en el jurado de enjuiciamiento.
Las reacciones son dispares. Para los fiscales y defensores, que vienen de un régimen disciplinario que estaba en manos de 69 diputados y senadores, lo que viene puede no ser lo ideal pero es ganancia pura en relación a lo que tenían.
Distinto es el caso de los magistrados, que hasta ahora son removidos por un tribunal en el que manda la Corte, tanto a la hora de acusar como de juzgar. Ese tribunal sí que es desequilibrado y muy a favor de los propios jueces, ya que tienen 6 de las 10 sillas.
A eso se suma que cuando la Legislatura tomó para sí la potestad disciplinaria de fiscales y defensores, los magistrados se mantuvieron al margen. Y de hecho, con fallos en primera instancia y en la Corte Suprema, fue el Poder Judicial el que dio una pátina de constitucionalidad al abrumador control de la política sobre el MPA.
¿Podrían los estamentos forzar cambios de acá al miércoles en el dictamen de mayoría? Según fuentes del PS, la UCR y el Ejecutivo consultadas para esta nota, “tienen que ser propuestas superadoras, porque lo que dice el dictamen es una definición conceptual a partir del acuerdo alcanzado entre los proyectos de Unidos”.
En relación al tribunal de enjuiciamiento vigente, resignan poder la Corte Suprema y la Legislatura en favor de un nuevo órgano no parlamentario ni judicial y diverso. El oficialismo reivindica el control cruzado entre poderes, y en especial la participación del poder político, que a diferencia del Poder Judicial surge del voto popular. Aquí se aplica la frase del ministro Bastia en la sesión del viernes: “Estamos diseñando una Constitución de ciudadanos más que de corporaciones”.
Otro argumento es que los legisladores no serán todos de la misma fuerza política, más ahora que la Cámara de Diputados no tendrá mayoría automática. Citan los casos de jurisdicciones como Córdoba o CABA con esquemas similares o parecidos.
Los magistrados, por su parte, pretenden un tribunal “más equilibrado” con participación de distintos estamentos. Afirman que si hay una mayoría política se pone riesgo la independencia de los fiscales y jueces porque se abre la puerta a presiones políticas, siendo que el Judicial es el reaseguro de los límites al poder político. Los más extremos auguran en la futura Constitución un sometimiento total de la Justicia al Poder Ejecutivo.
También las autoridades del MPA acercaron propuestas para ser analizadas antes del miércoles. En este caso se apuesta a que, dentro del esquema dictaminado, se incremente la relevancia del representante del órgano al que pertenece el funcionario acusado.
La cirugía en el sistema de Justicia es profunda y hay cabos que el oficialismo deberá ajustar de acá al miércoles. Por ejemplo cómo se tramitarán las faltas menores, cuánto se procesará internamente en cada órgano y cuánto irá a manos del tribunal de enjuiciamiento, entre otros aspectos que merecerán afinar la letra chica.
Los dictámenes salieron con votos de Unidos. Las otras fuerzas presentaron dictámenes propios de minoría. ¿Podrá Unidos sumar bloques de la oposición también en este capítulo crítico de la reforma constitucional?