Terminó una etapa. La reforma constitucional ya tiene un corpus: los dictámenes de mayoría que las cinco comisiones temáticas de la Convención Consituyente emitieron en los últimos ocho días se convertirán, con las correcciones y el ordenamiento que se introduzcan en la Comisión Redactora, en los nuevos enunciados que se sumarán a la Carta Magna santafesina.
Una sola reelección para todos los cargos, incluida la del actual gobernador Maximiliano Pullaro. Fin de la mayoría automática para la lista ganadora en Diputados (sistema D’Hondt puro). Imposibilidad de dictar decretos de emergencia. Un rediseño judicial que fija un límite estricto para la permanencia de los jueces de la Corte Suprema, crea un Ministerio Público extrapoder y modifica el sistema de nombramiento y sanción de jueces y fiscales. Autonomía municipal plena con cartas orgánicas dictadas por convenciones estatuyentes locales y la posibilidad de darle fortaleza institucional a las áreas metropolitanas. Mecanismos de participación ciudadana, y un capítulo de derechos y garantías aggiornado al siglo XXI.
Todo eso incluye esta reforma constitucional, un rediseño de la arquitectura institucional santafesina que, según quién lo mire, se puede definir como la base de un nuevo esquema del poder en la provincia o al menos como un reacomodamiento del mismo.
Pasaron seis semanas desde que arrancó la Convención. El trabajo fue intenso y tuvo de todo. El inicio se complicó con el ACV y la posterior muerte de Alejandra Oliveras. Luego vino el período más virtuoso, con la participación ciudadana que faltó en la previa y un debate en muchos aspectos constructivo de los convencionales. La etapa cerró a pura rosca fundamentalmente dentro del oficialismo, donde los siete proyectos de Unidos se transformaron finalmente en uno solo.
“La unidad hasta que duela”, de la que los representantes del frente gobernante hablaron desde el comienzo, funcionó, pero tuvo un defecto: fue tanta la negociación e incluso la tensión interna, que sobre todo en las dos últimas comisiones que emitieron dictámenes, la de Régimen Municipal y la de Justicia, quedó anulada la posibilidad de armonizar posturas con la oposición dispuesta al diálogo. No es casual que allí se hayan generado los mayores conflictos: son comisiones que discutieron y definieron temarios que hacen a la distribución del poder real.
Las tres semanas que restan serán las de cerrar y ordenar los textos, contar los votos, medir la legitimidad de cada reforma y poner el moño a un proceso histórico que, después de 62 años desde el último cambio en la Carta Magna, Santa Fe necesitaba para adecuar su base de reglas y convivencia social a los nuevos tiempos.
En los siguientes párrafos, Rosario3 desgrana los cambios fundamentales que tendrá la Constitución de la provincia:
1) Ejecutivo y Legislativo: la sala de máquinas
Qué cambia:
• Se habilita la reelección del actual gobernador y de los que lo sucedan, dentro de un tope general de una sola posibilidad de repetir mandato para cargos ejecutivos y legislativos. Para esos fines, se considera este como el primer mandato de Maximiliano Pullaro, mientras que para los legisladores será el siguiente. Eso implica que, si se postulan y resultan electos, podrán permanecer en sus bancas hasta 2035.
• Se termina el sistema de mayoría automática (28 sobre 50 bancas) para quien gana la elección en el rubro Diputados. El reparto será por sistema D’Hondt puro.
• Se amplía el período de sesiones ordinarias.
• Sin decretos de necesidad y urgencia ni facultades delegadas.
Qué implica:
La posibilidad de reelección le da mayor poder al gobernador, al terminar con el síndrome del “pato rengo”, como se nombra al período final de un mandatario, en el que suele perder capacidad de acción e influencia. Como contrapartida, el cambio en el sistema de representación legislativa convierte a la Cámara de Diputados en un campo donde salvo que el oficialismo arrase en las elecciones deberá abrirse al diálogo y la negociación permanentes. Por caso, con los resultados de los comicios de 2023 y sistema D’Hondt puro, Unidos no tendría 28 diputados sino 17.
| Partido | Bancas (simulación) | Votos 2023 | % de votos |
|---|---|---|---|
| Unidos para Cambiar Santa Fe | 17 | 573.639 | 34,43 % |
| Juntos Avancemos | 14 | 484.161 | 29,03 % |
| Unite por la Libertad y la Dignidad | 10 | 345.551 | 20,75 % |
| Frente Amplio por la Soberanía | 4 | 132.278 | 7,95 % |
| Viva la Libertad | 3 | 128.884 | 7,73 % |
| Igualdad y Participación | 2 | 70.980 | 4,26 % |
La prohibición de emitir decretos cierra el combo. Para el oficialismo, es gobernabilidad en base al diálogo; para la oposición, un piso de control que lo obliga también a mostrar responsabilidad institucional.
2) Rediseño de la Justicia: un capítulo clave
Qué cambia:
• Corte Suprema de siete miembros con inamovilidad y cese a los 75 años, sin posibilidad de prórroga.
• Ministerio Público como órgano independiente y autárquico, dividido en MPA (persecución penal y tutela de víctimas) y Defensa (acceso a justicia y asistencia integral). Ambos independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general. Estos funcionarios tendrán 5 años de mandato, repetible por una vez. Fiscales y defensores gozan de inamovilidad y cese a los 75 años.
• La designación de jueces, fiscales y defensores seguirá siendo facultad del Ejecutivo con acuerdo legislativo, con un paso previo: concursos “transparentes, públicos y con participación ciudadana”. Para ello se crea el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, un órgano técnico que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Los concursos no se harán cuando se produzca la vacante sino por anticipado, para tener listas de aspirantes de reserva. El mandatario escogerá de esas nóminas, con su propio criterio, el nombre para enviar el pliego a la Asamblea Legislativa.
• Para el juzgamiento de magistrados, fiscales y defensores se crearán tribunales ad hoc integrados por un magistrado o miembro del Ministerio Público, dos senadores, dos diputados y dos abogados. Es decir, queda 4-3 a favor del componente político, con un proceso acusatorio, oral y público.
Qué implica:
El Ministerio Público gana independencia orgánica, pero el Ejecutivo conserva palancas clave para la cobertura de vacantes a través del Consejo Asesor alojado en el Ejecutivo y de las designaciones con acuerdo. Es un diseño que combina autonomía funcional con control político en el reclutamiento y la disciplina.
Un equilibrio tenso: autonomía real del Ministerio Público, pero con llave política para que el sistema funcione.
3) Autonomía municipal: del discurso al hecho
Qué cambia:
• Autonomía municipal efectiva: todas las localidades pasan a ser municipios, con posibilidad de autonomía.
• Cartas orgánicas: las de más de 10.000 habitantes podrán dictarlas mediante Convención Municipal elegida por el voto popular.
• Áreas metropolitanas institucionalizadas para cooperación interjurisdiccional.
• Regla fiscal municipalista: toda transferencia de competencias desde la Provincia requiere transferencia de recursos; la coparticipación se explicita como fuente y se ordena dictar una ley de criterios de distribución.
• Las reelecciones locales quedan como las provinciales: una sola (hasta dos períodos consecutivos).
Qué implica:
La autonomía sale del eslogan y a partir de ahora habrá que convertirla en una construcción real. La elaboración de cartas orgánicas abre un abanico de posibilidades, por ejemplo, en Rosario, que en el Concejo Municipal haya representantes por distritos.
En Rosario y Santa Fe se fortalece una agenda de cooperación interjurisdiccional (movilidad, ambiente, hábitat, seguridad urbana) hoy trabada por la fragmentación.
La otra mitad del partido será la ley de coparticipación: ahí se verá si el rediseño municipalista llega con financiamiento o queda como promesa.
4) Funcionamiento del Estado: participación abierta
Qué cambia:
• Se suman mecanismos de participación que antes no existían como la iniciativa popular (con exclusiones taxativas), referéndum vinculante convocado por la Legislatura, la consulta popular no vinculante (convocada por el Legislativo o el Ejecutivo) y la revocatoria de mandatos.
• También audiencias públicas, que serán obligatorias previo al dictado de leyes de ambiente y servicios públicos.
• Cláusula democrática y republicana (nulidad de actos de fuerza, derecho de resistencia, ética pública, declaraciones juradas).
• Seguridad pública como deber indelegable en ámbitos físico y digital, con profesionalización y rendición de cuentas.
• Responsabilidad fiscal y tributaria con reglas de equilibrio, progresividad y transparencia.
• La Caja de Jubilaciones de los agentes estatales no se declara intransferible, pero su salida de la órbita provincial queda fuertemente condicionada.
| Mecanismo | Quién convoca | ¿Vinculante? | Materias excluidas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Iniciativa popular | Ciudadanía (presenta proyecto ante la Legislatura) | — | Electoral, tributaria, procesal penal y presupuestaria | Una ley especial regula forma y requisitos |
| Referéndum | Legislatura (mayoría absoluta) | Sí | — | No puede ser vetado; voto obligatorio; la ley determina el procedimiento |
| Consulta popular | Legislatura o Poder Ejecutivo | No | Electoral, tributaria, procesal penal y presupuestaria | Voto no obligatorio; la ley regula requisitos y procedimiento |
| Revocatoria de mandato | Ciudadanía (según requisitos de ley) | Sí | — | La ley fija requisitos y procedimientos; si prospera, el funcionario queda dest |
Qué implica:
El paquete abre la puerta a una mayor participación ciudadana en las decisiones políticas, lo cual transparenta y resta margen de opacidad a esos procesos. La cláusula democrática y republicana y la profesionalización en seguridad fijan estándares de ética pública y trazabilidad.
La política gana legitimidad cuando explica; la sociedad gana poder cuando participa antes de que la ley esté cerrada.
5) Derechos y Garantías: actualizar el pacto social
Qué cambia:
• Separación Iglesia–Estado: la Provincia no tiene religión oficial; neutralidad, igualdad y no discriminación entre cultos.
• Libertad de expresión y de prensa reforzada.
• Nuevos derechos:
– Digitales y datos: conectividad universal y asequible; privacidad/autonomía mental; ciberseguridad y espacio digital libre de violencia; transparencia y explicabilidad algorítmica con control humano y evaluación de impacto ante sesgos.
– Ambiente y clima: prevención/precaución; acceso a información, participación y justicia ambiental; mitigación y adaptación.
– Agua como bien colectivo: acceso y saneamiento; gestión por cuencas e información pública.
– Consumidores y usuarios: tutela efectiva, acciones colectivas, foco en hipervulnerables.
– Cultura y patrimonio: derecho a participar de la vida cultural; memoria y archivos.
• Acciones constitucionales (amparo, hábeas data, hábeas corpus) con alcance colectivo y procesos expeditos; derechos de las víctimas (trato digno, acceso a la justicia y participación, con debida diligencia reforzada).
• Trabajo y seguridad social: trabajo decente (incluida desconexión digital), libertad y tutela sindical; régimen previsional público–solidario con recursos intangibles.
• Medidas de acción positiva para grupos vulnerables y desfavorecidos.
Qué implica:
El capítulo actualiza el pacto sin perder clásicos: libertad de prensa robusta y separación Iglesia–Estado. Pero el acento está en lo nuevo: derechos digitales, ambiente y clima, agua como bien colectivo y consumidores con tutela efectiva y acciones colectivas.
También hay una idea de justicia accesible y de trabajo decente (incluida desconexión digital) que cruzan la vida cotidiana.
Pequeña conclusión
Con cinco comisiones que terminaron su trabajo, la reforma constitucional ya es un mapa: más municipalismo, más participación y derechos actualizados. Nuevos equilibrios entre poderes, en los que será fundamental ver si funcionan o no, a la hora de la puesta en práctica, los contrapesos. Una base legal y un acuerdo social para construir la democracia del siglo XXI en la provincia que es cuna del constitucionalismo argentino.
