El gobierno envió en la noche del martes a los gobernadores y los jefes de los bloques "dialoguistas" en Diputados el último borrador de la nueva ley “Bases” y del proyecto de ley fiscal. Se reduce a cuatro las emergencias y plantea la privatización de 18 empresas del Estado, total o parcialmente, entre ellas el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. El texto prevé una moratoria y el blanqueo para los empleadores, pero la reforma laboral será presentada con un proyecto aparte por parte de la UCR, que contiene una versión acotada del capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por la Justicia.

El proyecto de la ley contempla también la derogación de la moratoria previsional sancionada en el gobierno de Alberto Fernández.

Después de varias semanas de reuniones con idas y vueltas sobre la letra chica, el objetivo del gobierno es que los mandatarios provinciales y los legisladores hagan la última validación de los textos para empezar a tratarlos en comisiones en la Cámara baja la semana próxima. La nueva ley “Bases”, a diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos, tiene 279.

La nueva versión de la reforma laboral que presentará hoy la UCR será sustancialmente más acotada que la contenida en el DNU. Por ejemplo, no tocará los aspectos más urticantes en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas. El texto se conocerá, precisamente, cuando la Casa Rosada reciba a la CGT, que venía amenazando con un nuevo paro general.

La nueva versión de la ley contiene el blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores. Así, el proyecto contempla extinciones de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

La reforma que presentarán los radicales incluirá un período de extensión de prueba mayor que el actual, un fondo de cese laboral voluntario y la eliminación de multas por falta de registración.

El capítulo fiscal tendrá la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias con un piso de 1,8 millones de pesos para solteros y de 2,2 millones de pesos para casados con hijos. Desde Economía hacían hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35%, según los ingresos.

El proyecto incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no residentes. El blanqueo será sin alícuota hasta los US$100.000 y, a partir de ese monto, se aplicarán alícuotas también progresivas del 5, 10 y 15% según el momento en que adhieran al blanqueo los contribuyentes.

En el texto, se consigna que quienes entren a él gozarán de diferentes beneficios, como quedar liberados “de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren” en el régimen.

Privatizaciones

La nueva ley incluye solo cuatro emergencias y pedido de facultades delegadas al Congreso de las once reclamadas originalmente: administrativa, económica, financiera y energética, y por el plazo de un año.

De las 40 empresas estatales y sociedades del Estado que el proyecto original buscaba privatizar, en la nueva versión la cuenta se reduce a 18. Por caso, quedan sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

A estas nueve empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley.

A diferencia de lo que ocurrió en enero, cuando la administración libertaria envió un mamotreto a “libro cerrado” que terminó siendo desgranado en el tratamiento en particular, esta vez el gobierno pretende llegar al debate parlamentario con los acuerdos cerrados previamente para asegurar la rápida sanción de los proyectos.

La jefatura de Gabinete pulió este martes los textos para que el Ministerio del Interior pueda girarlos a todas las partes. En el caso de la ley “Bases”, dado que el presidente no quiere remitir un proyecto nuevo al Congreso y que la primera ley aún tiene estado parlamentario, el gobierno enviará en rigor el texto de un dictamen remozado, con un tercio del articulado, para que el plenario de comisiones reemplace el dictamen original.

Respecto al proyecto fiscal bautizado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, el gobierno entiende que ya hay suficiente consenso con el capítulo más controvertido, referido a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que ahora se llamará “impuesto a los ingresos”.