El gobierno nacional presentó lo que, según su criterio, será la "herencia económica" que Mauricio Macri le dejará a Alberto Fernández desde el 10 de diciembre cuando asuma como presidente.

"Ocho puntos sobre la economía", fue titulado el documento que elaboraron en conjunto la Jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña y el Ministerio de Hacienda, de Hernán Lacunza. Los tópicos para discutir elegidos por el Gobierno fueron: "La herencia económica que dejamos"; "Sobre nuestro programa económico"; "Sobre la inflación", "Sobre la situación fiscal"; "Sobre los impuestos", "Sobre la deuda"; "Sobre la energía"; y "Sobre el empleo".

"A fin de 2019, el país está listo para crecer. Sin magia, sin mentira, sin ficción", comienza el texto producido por el actual oficialismo, que desde el arranque realiza un punteo sobre la herencia de 2015. 

"Un Banco Central sin reservas y restricciones cambiarias para importar y viajar; un déficit fiscal brutal (7% del PBI) con una presión impositiva récord; un desempleo mentiroso y una pobreza estructural altísima; una inflación ya alta durante ocho años y en ascenso; un tipo de cambio atrasado, que perjudicaba la actividad productiva; un estado arrasado, dominado por punteros y copado por militantes, empresas públicas quebradas; una crisis energética con tarifas atrasadas que se sostenía con permanentes cortes de luz y gas y se abastecía con carísimos barcos de gas licuado que venían de Venezuela bajo contratos muy dudosos", enumera el texto acerca de la situación en el 2015, antes de la asunción de Macri. 

"Es cierto que en 2019 hay problemas. Y que no hemos podido cumplir las mejoras de bienestar que todos anhelamos. La inflación sigue alta. Y a pesar de haber creado 1.250.000 puestos de trabajo en esta gestión, incluyendo formales, informales y autónomos, no fue suficiente, porque hay más gente que busca trabajo", admite el informe.

Sin embargo, el documento analiza que "el punto de partida para el 2020 es mucho más sano" y cita esos supuestos: un equilibrio fiscal primario; menor presión tributaria "pese a que sigue siendo alta"; la baja de impuestos provinciales; un tipo de cambio competitivo; cuatro año de suba de exportaciones; mejor infraestructura; y el retorno de la producción de energía.

"El esfuerzo de este último año y medio fue muy exigente para todos. Pero no es menos cierto que veníamos recuperándonos, la actividad en julio creció 1,2% mensual y la inflación de agosto apuntaba a 1,8%, y que la incertidumbre electoral interrumpió la recuperación", describen Lacunza y Peña y agregan sobre el cepo cambiario instalado: "En la economía, la confianza sobre el futuro define el presente. Al principio de nuestra gestión pudimos levantar los controles cambiarios porque la gente mira al futuro para decidir hoy. Ahora los tuvimos que reponer, contra nuestra voluntad, porque esa misma gente tiene miedo a qué pueda pasar en el futuro". El texto no dice nada sobre la fragilidad en la que se hallaba la economía desde abril de 2018.

Sobre el programa económico, el gobierno afirma que, "por primera vez en mucho tiempo, la Argentina tuvo una idea de largo plazo basada en reglas claras, estabilidad económica e inserción al mundo". Sostiene que las exportaciones crecerán en 2020, al mismo tiempo que el consumo privado se expandirá apuntalado "por las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y por hijo, que aumentarán en términos reales". Además se anima a augurar: "Se recuperará el salario real cuando la economía retome el proceso de reducción de la inflación que se dio hasta julio de 2019, interrumpido por el salto cambiario de agosto".

"Mientras tanto, tenemos que seguir consolidando consensos. No es sano que cada cuatro años parezca que tengamos que resetear y empezar de nuevo", piden desde el gobierno, donde además reclaman ahora un consenso "pro exportador" y otro "pro empleo".

"Lamentablemente, no se puede eliminar la inflación de un día para el otro, pero en estos cuatro años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación: corregimos las tarifas y el tipo de cambio; y equilibramos las cuentas públicas", dicen sobre la suba de precios, que este año rondará el 55%. 

"En estos cuatro años nos ocupamos de apagar esos motores. Empezamos a corregir los problemas de fondo, y sin atajos como un tipo de cambio fijo. Las tarifas ya valen casi lo mismo que lo que cuestan. El dólar, más allá de las restricciones recientes, vale lo que se dice que vale. Y, lo más importante, vamos a terminar 2019 con un Estado cerca del equilibrio", estiman.

Sobre las cuentas públicas, el informe oficial estima que el déficit primario del sector público consolidado en 2015 era de casi 4% del PBI, "aún sin contar el incremento de la deuda flotante, la deuda no registrada con proveedores, los impuestos cobrados anticipadamente y los juicios pendientes con las provincias". Y añade: "El resultado fiscal acumulaba un deterioro superior a los siete puntos del producto. Ese año el gasto público primario consolidado superaba 40% del PBI y se ubicaba, al igual que la presión tributaria, en máximos históricos".

"El esfuerzo fiscal se logró preservando la inversión social, devolviendo recursos a las provincias y reduciendo la presión tributaria. Así en 2015-2019 el gasto primario excluyendo prestaciones sociales, tuvo una reducción de 5,1 puntos del PBI, regresando a los niveles de 2006", dicen los técnicos oficiales.

Según Peña y Lacunza, entre 2016 y 2019, la presión tributaria total habrá bajado en 3 puntos del PBI. Hoy estaría, precisan, en un 28% del PBI. Se trata del menor valor desde 2011, según el gobierno. En ese sentido, el oficialismo destaca la reforma tributaria y el consenso fiscal con las provincias.

"En estos años tuvimos que pedir prestado, porque heredamos un déficit enorme y porque habían quedado muchas cuentas sin pagar del gobierno anterior, como la deuda con los holdouts", esgrime el Gobierno sobre la deuda pública. "Dos de cada tres dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones de deudas viejas o, también, para cambiar los acreedores. Dejamos de deberle los US$20.000 millones que teníamos en reclamos de los holdouts, los que no habían aceptado el canje de deuda post default de 2001, se cancelaron deudas con provincias y se recuperó el acceso a los mercados de crédito voluntario", plasman en el documento difundido oficialmente, y agregan sobre el Fondo: "Cuando las condiciones financieras internacionales se endurecieron, la Argentina pudo acceder al crédito compensatorio del FMI, mucho más barato, lo que permitió cancelar compromisos con el sector privado".

El gobierno celebra además la mejora en la situación energética del país, la contracara de la fuerte suba que se registró en las tarifas de los servicios públicos. "Volvieron a crecer la producción de petróleo, después de 20 años de caída, y la producción de gas, que en los primeros nueve meses del año tuvo la mayor producción de la última década, 16% más que en 2015. En 2018 volvimos a exportar gas a Chile después de once años. El desarrollo de Vaca Muerta estaba frenado y este año va a recibir inversiones por más de US$7500 millones y generar miles de puestos de trabajo en la provincia de Neuquén", enumera el texto. No menciona el fuerte impacto que tuvo el congelamiento de precios ni el cepo cambiario de este año, que afectaron al sector. 

"El desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Debería ser más bajo, y probablemente baje a medida que la economía vuelva a crecer", estima el informe, que dice que se crearon 1.250.000 puestos de trabajo, incluidos los informales (en mayo proporción). El documento dice que el aumento de desempleo fue consecuencia del incremento de la tasa de actividad (más trabajadores salieron a buscar trabajo). Lo que no destaca en el mismo es por qué más gente buscó activamente: esto se dio, dicen los analistas, por la fuerte licuación de ingresos tras las varias devaluaciones que derivó en la fuerte suba de la pobreza, dato que el documento omite.