Marcelo Martorano es abogado y sufre problemas respiratorios. Como el resto de los rosarinos, desde haces meses padece además el calvario del humo del delta del río Paraná. Presentó una denuncia y pidió a la Fiscalía santafesina que inicie una investigación propia, pero chocó con los argumentos de la jurisdicción: las quemas ocurren en Entre Ríos. Quiere una respuesta del fiscal general, Jorge Baclini.
“Los delitos que se investigan en el juzgado federal de la ciudad de Paraná son distintos de los que denuncié en Rosario”, aclaró el abogado en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2). De modo que no habría superposición de causas porque son dos delitos distintos: por una lado los incendios intencionales y la violación a normas de residuos peligrosos; y por otro la afectación de la salud pública.
Tampoco, alertó deberían haber problemas de jurisdicción porque el delito contra la salud pública es “un delito continuado como una usurpación o un secuestro”. “Es competente –explicó– tanto el juez donde se comete el delito, como el de donde se producen sus efectos. Esto se llama teoría de la ubicuidad y es un traje a medida del Ministerio Público de la Acusación para que actúe”.
Pero Martorano ya pidió al MPA local que actúe y aunque el fiscal de Medio Ambiente –único del tipo en Rosario– Matías Ocariz consideró su caso, le advirtió –contó el propio Martorano– que la interpretación de la Fiscalía General a cargo de Jorge Baclini es distinta.
“Me interesaría que Baclini de su opinión en el caso porque existen innumerables antecedentes de la Corte Suprema que expresamente señala que los jueces no deben ser espectadores en materia ambiental sino actuar de forma novedosa”, señaló el abogado que recalcó que el daño a la salud pública está probado en las múltiples consultas por afecciones respiratorias, entre ellas las de él mismo.
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