En el marco de un nuevo ataque mafioso contra instituciones de la ciudad, en este caso a una empresa de medios (Televisión Litoral), el diputado provincial Oscar Martínez recordó que presentó un proyecto para crear la Oficina de Protección Inmediata (OPI) para proteger a funcionarios judiciales y trabajadores de prensa ante casos de amenazas por parte de delincuentes imputados y/o condenados.
La iniciativa alcanza a “magistrados penales de la Justicia Provincial y Federal que actúen en territorio de la Provincia de Santa Fe, de instalaciones judiciales y de toda persona vinculada a la administración de Justicia Penal, incluidos trabajadores de prensa”.
La idea es elaborar protocolos de prevención y seguridad que se activen de inmediato ante cualquier hecho de gravedad. La organización de la Oficina y el diseño de las políticas generales dependerá de la Corte Suprema de Santa Fe.
Las guías de actuación deben “contemplar un mecanismo real y efectivo de protección que incluya canales de comunicación fluidos para poner en conocimiento amenazas o situaciones de peligro y que se le dé el debido seguimiento a las mismas, y una unidad especializada que trabaje a tiempo completo para dar respuestas inmediatas de defensa y resguardo ante estas amenazas y riesgos”.
El texto que espera su aprobación en la Legislatura propone “articular con el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa para establecer las medidas y protocolos que contemplen la protección de los miembros de cada una de estas instituciones”.
Además, “todas las entidades públicas o privadas que actúen en el territorio de la Provincia de Santa Fe quedan obligadas con prioridad y de manera inmediata a prestar la colaboración que se les solicite desde la Oficina de Protección Inmediata (O.P.I.)”, señala el articulado.
El legislador del Frente Renovador, Oscar Martínez, explicó que la necesidad de una oficina de ese tipo “es innegable” ya que “en los últimos años estamos sufriendo la consolidación de una criminalidad más compleja y organizada a lo largo y ancho del territorio provincial”.
Desde su presentación a principios de año se dieron balaceras contra propiedades privadas y públicas, amenazas telefónicas y de manera personal, y en los últimos meses se agregó la amenaza dejada frente a Telefé Rosario y ahora el ataque a las instalaciones de Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3.
