El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, señaló este miércoles que uno de los principales problemas que no han podido resolver desde el gobierno provincial es el control sobre la circulación de armas de fuego y detalló que las más secuestradas en los operativos son calibre 9 milímetros. “La mayoría son de civiles que las pierden, las alquilan o las ceden legalmente”, expresó el funcionario.
Para el responsable de la cartera de seguridad, la cantidad de armas de fuego que hay en la ciudad y en la provincia es un factor determinante que facilita e incrementa los enfrentamientos “entre organizaciones narco criminales”, reflejado en los continuos hechos con heridos de bala y crímenes, una cifra que en el departamento Rosario era, este miércoles por la mañana, de 103 en los primeros cuatro meses del año.
“Entre las distintas facciones que integran las organizaciones narco criminales todavía hay muchas cuentas pendientes y las van a seguir teniendo, pero hay un tema que tenemos que terminar de resolver y es el control de las armas”, explicó Brilloni en Radio 2, tras el acto de firma del decreto que reglamenta la ley de derechos y garantías de víctimas de delitos en la provincia.
El funcionario provincial describió que son “armas que están a disposición de cualquiera de los delincuentes que andan por la calle” y recordó que el gobernador Omar Perotti volvió a señalar, el lunes pasado en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, la importancia del trabajo territorial necesario de parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
“Se cometen hechos graves en lugares que conocemos todos, necesitamos un trabajo para sacar las armas de la calle”, abundó.
El ministro expresó que la Policía “todos los días incauta armas y drogas” pero que lo que más les llama la atención “es la cantidad de armas” que se secuestran en los operativos.
En ese sentido, explicó que la mayoría son calibre 9 milímetros, armas utilizadas por las fuerzas de seguridad e incluso las fuerzas armadas, pero cuya titularidad, en el caso de Rosario y Santa Fe, corresponde sobre todo a civiles “que las pierden, alquilan o ceden” de manera ilegal.
