Este lunes se realizó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial a raíz del conflicto por Hey Latam, que reunió a representantes de los trabajadores, de la Asociación de Comercio, al dueño de la firma Martin Stauffer y al susbecretario de la cartera laboral, junto a diputados y diputadas provinciales.
El conflicto se inició luego de que los trabajadores del call center se anoticiaran de un “plan de despidos masivos, retiros voluntarios y pase de firma con pérdida de derechos” de parte de la empresa, que hicieron público en un comunicado.
Ahora, los empleados y empleadas de la firma indican que luego de dictada la conciliación obligatoria, “la patronal violó dicho acuerdo ya que no otorgó tareas a los trabajadores, ni abonó los aguinaldos, aunque asumió contar con la posibilidad de hacerlo”.
Y agregan: “En lugar de retroceder de esta ilegalidad, (la empresa) emprendió una nueva ofensiva sobre los trabajadores y trabajadoras”.
A la denuncia previas, los empleados agregan que se los “extorsionó” porque la empresa habría asegurado que pagaría si “los trabajadores cesáramos con la medida de lucha”, pero sin dar garantía alguna respecto de los puestos de trabajo, en un contexto en el que rige la ley de prohibición de despidos a nivel nacional por la pandemia.
Frente a esta situación, en la concentración del Ministerio, los trabajadores resolvieron por mayoría “continuar con las medidas de lucha, ya que la patronal cuenta con el dinero para pagarnos los sueldos y aguinaldo y no puede acreditar crisis, reconocido por el Sindicato y el Ministerio”.
A lo que sumaron: “El pedido de la empresa se trata de una extorsión para desprenderse de todo compromiso en el marco de que se encuentra en la absoluta ilegalidad. Recordemos que se trata de una empresa que trabajo durante toda la cuarentena e incluso se benefició con plata del Estado de las ATP”.
En tanto, le piden al estado, que “tiene los recursos y la responsabilidad de resolver el conflicto”, que escuche los reclamos.
Finalmente, solicitan a la Asociación de Empleados de Comercio que respete la decisión de los trabajadores y “que se reconozca la asamblea como organismo soberano y apoye las medidas de los trabajadores para no quedar en la calle, sin pasar por encima de nuestras decisiones”.
