Legisladores de la UCR presentaron un proyecto de ley que propone autorizar a los privados a importar y comercializar aquellas vacunas que hayan sido previamente reglamentadas.

El diputado Luis Petri, uno de los autores de la propuesta, dijo que "es imprescindible incorporar a nuevos actores y nuevas ventanillas de vacunación contra el covid-19".

No obstante, los privados deberían donar 10% de lo adquirido al Ministerio de Salud de la Nación y sería de cara al 2022.

La iniciativa, además, autorizaría a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adquirir vacunas para, luego, destinarlas a los planes que rijan en cada distrito.

“Es lo que ocurre con cualquier vacuna, excepcionalmente con la vacuna del Covid-19 el Gobierno nacional monopolizó las compras, centralizó el proceso, teniendo en cuenta que era una vacuna novedosa, había que garantizarse la provisión anticipada, había que firmar precontratos y posteriormente establecer la logística”, explicó Petri.

Y comparó: “En Estados Unidos ya habiliktaron a farmacias y supermercados a vacunar, la semana pasada, Brasil sancionó una norma muy parecida donde habilitan a los estados y privados a comprar lotes de vacunas”.

“Creemos que se deben complementar las compras del Estado nacional, pensando en el 2022 y conforme al cronograma de vacunación que establece el Ministerio de Salud de la Nación”, indicó.

Y advirtió: “Al ritmo que vamos, 1,6 millones personas vacunadas, de las cuales sólo 270 mil recibieron la segunda dosis, es imprescindible que mejoremos la logística y la distribución”.

“Las prioridades en el acceso a las vacunas tienen que estar definidas por el Estado nacional o provincial, no significa competir con el Estado sino completar al Estado”, aclaró.

“El Estado nacional ya tiene comprometidas 72 millones de vacunas para este 2021: 9 millones por sistema Covax, más de 20 millones de Sputnik V y otras de Astrazeneca, sin contar la Sinopharm”, detalló.

Y aseguró: “Más temprano que tarde el Estado tiene que adoptar esta regla que es la que rige a todo el sistema de vacunación, que por la emergencia del Covid-19 el Estado monopolizó la compra de vacunas; es imprescindible que se incorporen otros actores”.