Ecuador: una advertencia para América Latina

El desafío conjunto de las bandas narco criminales al Estado ecuatoriano, deja varias lecciones para el resto de los países de Latinoamérica, de las cuales deberíamos tomar nota. Desespera la idea de ver a una nación que se doblega y languidece ante el poder de las mafias. Lo cierto es que tomar un canal de televisión, poner coches bomba, secuestrar a policías, amenazar universidades y forzar a personal penitenciario son parte de medidas llevadas a cabo por quienes consideran que tienen suficiente poder como para desafiar al Estado. 

La ecuación es muy simple: esto jamás ocurriría en presencia de un Estado fuerte y consolidado. Ahora, ¿por qué un grupo de bandas criminales decide desplegar sus capacidades de fuego ante la sociedad? En el caso de los Choneros, los Lobos y los Tiguerones, las bandas ecuatorianas más fuertes y arraigadas, el motivo principal es porque el gobierno del flamante y joven presidente Daniel Noboa les puso la nariz en la nuca. Pero no es el único motivo. Estas bandas presumen sus talentos criminales hacia el resto del mundo para exhibir su poder. 

Analicemos las características específicas del caso ecuatoriano. Lo primero que determina la realidad de un país es su geografía. En este aspecto, Ecuador se encuentra entre Perú y Colombia, los más grandes productores de cocaína a nivel global. Además, a diferencia de sus vecinos, cuenta con una economía dolarizada y pocos controles en el sistema financiero. Estos factores allanan el camino para el lavado de activos, a la vez que permite la afluencia de dinero ilegal en dólares sin tener que pisar suelo norteamericano.

A esto se le suma su núcleo urbano más pujante: Guayaquil. Hoy llamada “GuayaKill” por el número de asesinatos que allí se producen. En el 2017 la tasa de homicidios intencionados cometidos por cada 100 mil habitantes fue de 5.81 siendo Ecuador uno de los países más pacíficos de la región. En 2023, esta cifra llegó a 42.6 y entonces se convirtió en uno de los más violentos. Lo cierto es que la condición de ciudad puerto, con una buena infraestructura y una salida privilegiada hacia el Pacífico, le otorgan una connotación especial que ha sido la base para su desarrollo económico, industrial, cultural y mafioso. 

Un hecho que perjudicó al país fueron los acuerdos de paz con las Farc en Colombia en 2016. Estos produjeron la fragmentación del grupo guerrillero en pequeñas bandas y milicias. Las cuales, empezaron a movilizarse y desplazarse con facilidad por las fronteras, ante un exiguo control de los Estados en esos territorios porosos. De esta manera, se sacó de escena a un grupo que proporcionaba orden en el límite norte donde están ubicados dos de los departamentos colombianos de mayor producción histórica de cocaína. Es más, se cree que en Colombia se encuentra prófugo “Fito” Macías, líder de los Choneros.

Muchos académicos señalan también, que esta crisis actual, es producto de los efectos que generó en 2020 el Covid-19. Como en todo el mundo, en Ecuador se produjo un desaceleramiento de la actividad económica que generó la caída del empleo formal e informal, aumentó la pobreza y tuvo graves repercusiones en el sistema escolar. Es en este momento cuando estallan los casos de violencia en las cárceles, comienzan a ganar terreno las bandas criminales y aumenta la penetración de cárteles mexicanos. 

Estos hechos coinciden muy claramente con el desdibujamiento del poder estatal en diferentes áreas de la sociedad. La llegada de Lenín Moreno a la presidencia en 2017 llevó a un cambio de políticas que estuvo centrado en achicar el Estado heredado por el correísmo. El objetivo central era reducir el gasto público. Esto implicó que se dejaran desnudas diferentes áreas sociales donde era vital la contención estatal, como veremos a continuación.

El recorte económico incluyó al sistema penitenciario que pasó de contar con 163 millones de dólares en 2017 a 90 millones en 2020. Lo cual, no hizo más que empeorar la situación de las cárceles sumado a un sistema judicial que seguía enviando presos. Fue exactamente, cuando el Estado dejó de controlar estos lugares, cuando florecieron las bandas de crimen organizado y las mafias. Ayudados también por un gobierno que, en su afán de reducir a toda costa el déficit, colaboró en el incremento de la pobreza, que creó el clima propicio para que miles de jóvenes carentes, que dejaron sus estudios durante pandemia, sean reclutados por estas bandas ofreciéndoles más que el salario mínimo.

En 2021 la presidencia de Guillermo Lasso enfrentó tres grandes masacres en los penales. ¿Adivinen cuál fue el discurso de su gobierno? ¿Asumir responsabilidad por la desinversión, la falta de control y las condiciones inhumanas de sus presos? Claro que no. La carga de la violencia carcelaria cayó directa y llanamente sobre las bandas de narcotraficantes. 

Un factor indispensable a tener en cuenta es que el narcotráfico no puede llevarse a cabo sin la complicidad de un sinnúmero de colaboradores como policías, militares, jueces, administradores de puertos y aduanas, y gran cantidad de funcionarios públicos o privados en sus diferentes roles. Sin estos actores la droga no puede entrar, salir o quedarse en territorio. Se trata de una extensa red ilegal de connivencia que garantiza un orden para que el producto pueda comercializarse. 

La desinstitucionalización, o llamémoslo achicamiento o retroceso del Estado, que ocurre durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, no solamente se traduce en el deterioro de las condiciones en las cárceles, también en el de las fuerzas de seguridad. Éstas se encuentran desbordadas, además de la crisis en prisiones, en el cumplimiento de sus tareas más elementales: poco personal, mal pagos, sin protección, malformados. No solo los presos fueron abandonados por el Estado, los encargados del orden también.

El presidente recién electo Daniel Noboa tiene grandes desafíos. El mandatario se juega su reputación y su reelección. Hasta ahora, éste se ha mostrado inflexible. Ha afirmando que no negociará con terroristas y dio a conocer planos de penales de máxima seguridad que prometió comenzará a construir y que son similares a las de México o El Salvador. ¡Hasta ha propuesto crear cárceles flotantes! La realidad ha dejado claro que para combatir a bandas criminales hay un sólo camino: reforzar las capacidades estatales y soberanas de un país.