El Gobierno pisó el acelerador en la implementación del sistema acusatorio en Rosario y el jefe de los fiscales federales pidió una prórroga

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, pisó el acelerador en la implementación del sistema acusatorio en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario, que abarca toda la provincia de Santa Fe –a excepción de Reconquista– y San Nicolás. Según un comunicado firmado por el ministro Mariano Cúneo Libarona, en el que cita el contexto de violencia altamente lesiva en Rosario, el cambio de paradigma entrará en vigencia el próximo lunes 18 de marzo. Sin embargo, el jefe de los fiscales federales, el procurador interino Eduardo Casal, salió a responderle rápidamente y pidió una prórroga para la implementación. En un escrito, citó falta de infraestructura y capacitación.

El sistema procesal acusatorio, plasmado en el Código Penal Procesal Federal (Cppf), ya rige en las provincias de Salta y Jujuy desde 2019. En Santa Fe, sin embargo, aún subsiste el sistema inquisitivo, a través de los juzgados de instrucción, y el cambio viene dilatándose. Al parecer, hasta ahora.

Desde el gobierno hicieron saber este jueves que “en el marco de la grave situación de violencia y avance del narcotráfico en Rosario y su área metropolitana, en concordancia con otras acciones que llevará a cabo el Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona resolvió la inmediata entrada en vigencia del Cppf en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de la hora cero del lunes 18 de marzo”.

“La ley que incorpora a la legislación argentina el Cppf busca la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos.Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana, ya que alrededor del 70% de los 500 homicidios (2022-2023) son resultado de delitos complejos del orden federal”, agrega el comunicado del Ministerio de Justicia.

El sistema acusatorio, tal y como ocurre en la justicia ordinaria en Santa Fe desde 2014, se asienta sobre la división de roles entre jueces y fiscales, la contradicción y la “igualdad de armas” entre las partes, la publicidad de las decisiones y el derecho de toda persona imputada en el marco de un proceso penal a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

El jefe de los fiscales federales, Eduardo Casal, se dijo "comprometido" para la pronta implementación, pero pidió un “tiempo prudencial”, una prórroga. A través del portal Fiscales, salió a responderle a Cúneo Libarona en un PDF de cuatro páginas. 

Casal dijo que “la inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución [por el Ministerio Público Fiscal], considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”.

“A la fecha no existe la oficina judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación”, dijo el jefe del MPF, entre otros contratiempos citados, como recursos humanos, la infraestructura edilicia y tecnológica, el estado de los laboratorios, y capacitaciones a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad.

En definitiva, Casal pretextó que “los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”.