Un empresario fue condenado este miércoles a la tarde en el Centro de Justicia Penal por contaminación ambiental en el río Saladillo. Recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por haber arrojado desechos de su compañía. Además, deberá pagar unos 300 mil pesos en concepto de reparación económica.
El juez Facundo Becerra homologó este miércoles un juicio abreviado por el que resultó condenado Sergio Edgardo Pino. El procedimiento fue acordado por los fiscales Matías Ocariz y Pablo Lanza con la defensa del acusado.
Los fiscales atribuyeron a Pino, en carácter de socio gerente y administrador de la firma "A Los Pinos S.R.L." en fechas de 17 de julio de 2019 y el 26 de septiembre de 2019, mediante la descarga de efluentes cloacales e industriales valiéndose de un camión, tipo semiremolque y a través de una conexión clandestina desde el inmueble de calle Caña de Ámbar al 1700 de Rosario, desde donde se realizaba. descargas a través de un caño de PVC, el que se conectaba a una boca de tormenta ubicada en la ochava de calle España y Juan Pabo II, y de alli al canal pluvial objeto de contaminación con residuos peligrosos.
Ocariz y Lanza consideraron que los residuos tirados eran peligrosos porque pueden causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Para los fiscales, Pino adulteró y contaminó "de un modo peligroso para la salud, el curso de agua superficial y el suelo de canal abierto de desagüe pluvial que se ubica paralelo al talud norte de avenida Circunvalación el que continúa por calle España hacia el cardinal Sur, para dirigirse por debajo de Avenida de Circunvalación y seguir hacia el cardinal Este, paralelo al talud sur de esa avenida, continuado su recorrido a metros de barrio Las Flores y San Martín de la Ciudad de Rosario, hasta desembocar en Río Saladillo".
En paralelo, los fiscales lo acusaron por otro hecho ocurrido el 1 de marzo del año pasado, cuando Pino amenazó a una persona portando un arma calibre nueve milímetros. Esa situación tuvo lugar en Pablo VI al 600, en Villa Gobernador Gálvez.
El condenado tendrá que fijar residencia y pagar unos 300 mil pesos en concepto de reparación económica. El dinero será destinado al centro de salud Julio Maiztegui.
