Una cuarta fiscal quedó salpicada por desprendimiento de la causa donde se investiga el juego clandestino. Se trata de Melisa Serena, quien cumple funciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sede San Lorenzo. Será imputada en libertad esta semana por sus compañeros de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario.
A Serena se le secuestró el teléfono iPhone de su propiedad por una conversación vía Telegram que mantuvo con Nelson "Coqui" Ugolini, secretario de Gustavo Ponce Asahad (ahora ex fiscal, quien confesó haber recibido coimas para no investigar el juego ilegal). La propia fiscal nunca dio la contraseña ni el patrón de desbloqueo de su celular para que sus colegas Luis Schiappa Pietra y Matías Edery puedan acceder a su contenido.
El diálogo data de febrero del año pasado, según expusieron desde la Agencia de Criminalidad Organizada en una audiencia de diciembre de 2020 donde Edery y Schiappa Pietra pidieron prisión preventiva para Ugolini, aunque la jueza Eleonora Verón resolvió la libertad del funcionario judicial –que está suspendido–.
La fiscal de San Lorenzo y Ugolini hablan de juego clandestino y puertos secos. Meses después, en agosto, Ugolini fue imputado junto con Ponce Asahad y el fiscal regional Patricio Serjal por coimas ligadas al juego ilegal y posteriormente por asociación ilícita.
"Son temas que jamás se han tocado en San Lorenzo pese a que se sabe [...] ¿Y qué pretende el p*** de Sain? ¿Que nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri?", le comentó Serena a Ugolini.
Desde la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario se sospecha que esa fiscal podría haber dado cobertura judicial a actores del juego clandestino del cordón industrial.
La fiscal iba a ser imputada en libertad la semana pasada, pero dicha acusación se hará finalmente este miércoles. Está sospechada por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y omisión de persecución, de acuerdo a la información a la que accedió Rosario3.
Serena es la cuarta fiscal imputada en investigaciones o desprendimientos de las mismas de juego clandestino. Se suma a Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, acusados por el expediente de Rosario; y Rodrigo González, fiscal adjunto de Reconquista que fue imputado por el fiscal de Melincué Matías Merlo, que también tiene una causa por ese delito.
