El caso del bebé de 6 meses  internado en el hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario por un presunto abuso sexual que está bajo investigación dejó en evidencia un escenario preocupante en materia de vulneración de derechos de niños y adolescente en la provincia, donde chicos de entre 0 y 18 años fueron separados de sus padres por protección.  “Hay adultos que no se pueden hacer cargo de los niños y los dejan en la puerta de la secretaría de la Niñez”, reveló Daniela León, a cargo del área.

Unos 1800 niños y niñas en Santa Fe fueron separados de sus progenitores en el marco de medidas de protección excepcionales que el Estado ha debido tomar para preservarlos de su propio entorno familiar más íntimo. En estos casos, las criaturas y adolescentes quedan bajo tutela estatal – algunos alojados con familia ampliada y solidaria o bien, en alguno de los 74 centros residenciales de la provincia –cuyos agentes especializados deben intervenir para garantizarles calidad de vida, ya sea reconstruyendo el vínculo con los padres para que los niños regresen a sus hogares, dejándolos al cuidado de familiares o bien dándoles en adopción. 

“Hace 23 meses que trabajamos y estamos con un nudo en el estómago porque la vulneración de ese bebé –por el niño de 6 meses internado– lo tenemos todos los días. Es a diario el ingreso de niños con vulneraciones tremendas”, señaló en diálogo con Cada Día (El Tres).

La funcionaria precisó que la violencia y el maltrato es la causa de la mayoría de los casos en los que se dispone la suspensión de responsabilidad parental. En segundo lugar, los abusos sexuales. “El 80 por ciento de los casos de medidas de protección excepcional son de  niños o niñas que cuentan lo que padecen en la escuela donde tienen generado un vínculo muy sólido con una maestra, entonces se animan a contar y allí activamos el protocolo”, señaló. 

“Los niños entran con fracturas, a veces pasa que vienen y te dicen que no los quieren tener más.Todas las situaciones son tremendas, son niños que saben que nadie los quiere”, manifestó y profundizó en ese sentido: “Han ingresado muchos bebés, tenemos adultos que no se pueden hacer cargo de los niños y vienen y los dejan en la puerta. Son realidades muy crudas”.

Alan Monzón

Un camino de recuperación

León describió el procedimiento que se sigue en este tipo de situaciones extremas. Si una criatura revela en la escuela que es víctima de algún tipo de abuso, la institución se comunica con la secretaría de Niñez que dispone de una guardia las 24 horas. También se radica una denuncia en el ministerio Público de la Acusación (MPA) si se trata de un abuso que requiere una investigación penal. 

Una vez que se dicta la medida excepcional y los progenitores ya no tienen responsabilidad sobre los chicos, quedan bajo custodia del Estado. Hasta que la Justicia resuelva el destino de estas criaturas, pueden ser derivados a familias solidarias o de acogida y también pueden ser llevados a los centros residenciales. “Con la nueva ley son casas para que se sientan en casa, porque a un niño que se anima a decir que su padre lo toca o su mamá lo maltrata, el Estado no puede revictimizarlo. Tiene que ofrecerle espacios amables, cuidados alternativos adecuados y es por eso estamos trabajando mucho para cumplir con los estándares de calidad”, sostuvo León. 

El maltrato o cualquier tipo de violencia a una persona menor de edad debe ser denunciada. “Pueden acercarse al MPA, incluso hacer la denuncia on line, también se puede recurrir a la escuela, a centros de salud, a la dirección que está ubicada en Ricardone 1345, a la Casa de las Infancias en Mitre y San Lorenzo o a cualquiera de los distritos”, precisó tras aclarar que poner luz sobre los abusos a niños y niñas es una forma de salvarles la vida.