Guardaparques y trabajadores del Parque Nacional Islas de Santa Fe se concentraron este martes a la mañana en el centro de Rosario en apoyo a cuatro colegas que son juzgados en Neuquén por la muerte de dos chicos aplastados por un árbol.
La inédita protesta se dio desde las 10.30 en la peatonal Córdoba y Entre Ríos para repudiar lo que se conoce como el “Caso Lolen”. Se trata de un proceso judicial contra guardaparques acusados de “homicidio culposo” por una tragedia que ocurrió el 1 de enero de 2016.
Aquel hecho afectó a dos familias que festejaban el Año Nuevo en el camping Lolen, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes y sobre la orilla del Lago Lácar.
Un gigantesco roble pellín de 40 metros cayó sobre el agua e impactó contra Martina Sepúlveda, de 2 años, y Matías Mercanti, de 8 años.
La consigna de las jornadas de apoyo y movilización de los guardaparques es que “las y los trabajadores no son responsables por los fenómenos naturales”.
“Además de los cuatro integrantes de Parques Nacionales, están acusados dos trabajadores de una comunidad mapuche que estaban a cargo del camping. Por eso el apoyo es para los seis trabajadores”, explicaron voceros de la protesta a Rosario3 y aclararon: “También la solidaridad con la familia por el hecho trágico”.
El juicio comenzó este lunes contra los guardaparques acusados de “homicidio culposo, violación de deberes de funcionario público y lesiones graves” y seguirá hasta el próximo jueves 2 de noviembre.
En ese marco, los trabajadores de Parques Nacionales anunciaron el cierre de más de 20 accesos, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, en solidaridad con los compañeros acusados.
Las medidas se replican en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, en la intendencia ubicada en Puerto Gaboto.
“El rol de la Administración de Parques Nacionales es la conservación de espacios agrestes, los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables por lo que una condena por parte de la justicia contra los guardaparques procesados pondría en riesgo la esencia misma de los parques nacionales y afectaría todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones, y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas del país”, señalaron.
La causa y las razones de las familias
Por el hecho ocurrido en 2016, cuatro guardaparques del Parque Nacional Lanín y dos responsables del camping -pertenecientes a la comunidad mapuche Curruhuinca- fueron imputados por homicidio culposo.
En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, sobreseyó por falta de mérito a los imputados en la causa entendiendo que ninguno podría haber previsto la caída del árbol. Los familiares de las víctimas apelaron y un año después, la magistrada ratificó su fallo.
Sin embargo, los padres de los nenes fallecidos recurrieron a la Cámara Federal, donde acusaron de “parcialidad” a la juez.
“La jueza no tomó en cuenta informes técnicos de ingenieros forestales que demostraban que el árbol estaba podrido, tenía las raíces afuera y representaba un peligro para todos los visitantes de ese camping”, afirmó Lucas, el papá de Martina, a Infobae.
“No es lo mismo que suceda en un espacio agreste, que un camping habilitado para uso recreativo; no es lo mismo lo que suceda en medio del bosque, que un espacio de uso público que exige el control adecuado y exhaustivo por parte de la Administración de Parques Nacionales”, sostuvo.
Entre los acusados se encuentran el jefe del Departamento de Conservación y Manejo, Juan Jones; el titular de Guardaparques, Diego Lucca; la jefa de Uso Público del Parque Nacional Lanín, María Hileman; el guardaparques Matías Encina; y los concesionarios del camping, Milena Cheuquepan y Juan Delgado.
