El gobierno japonés estaría muy cerca de hacer oficial la decisión de arrojar al mar una enorme cantidad de agua que quedó contaminada luego del terrible tsunami del 11 de marzo de 2011. El motivo es que, dentro de poco, la capacidad de almacenamiento quedará saturada.
Actualmente son alrededor de un millón de m3 de agua contaminada los que hay almacenados en unas mil cisternas en el sitio de la central de Fukushima Dai-ichi. Esa cantidad de agua proviene de la lluvia, del manto subterráneo y de las inyecciones que fueron necesarias para enfriar los núcleos de los reactores que entraron en fusión luego de la catástrofe que golpeó la costa nipona.
Si bien el agua fue filtrada varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radioactivas que contenía, hay una en particular (el tritio) que no puede ser eliminada con las técnicas actuales. Por esto es que se desató una fuerte oposición local, según medios japoneses, ya que el tritio es peligroso para la salud humana en dosis altas, según los expertos.
Las autoridades japonesas vienen buscando posibles soluciones hace varios años, ya que dentro de poco la capacidad de almacenamiento quedará saturada.
A principios de 2020, expertos contratados por el gobierno recomendaron tirar el agua al mar, algo que ya se hace en otras instalaciones nucleares en funcionamiento, tanto en Japón como en otras partes del mundo.
Esta solución debería ser aprobada por el gobierno este mes, pero la operación en sí no debería empezar antes de 2022 como muy pronto, según varios medios japoneses, puesto que se debe volver a filtrar una gran parte del agua almacenada para eliminar otros elementos radioactivios.
Por su parte, los pescadores y agricultores locales criticaron duramente esta opción que se habría tomado en detrimento de otras como la evaporación o el almacenamiento a largo palzo. Según dicen, de concretarse la medida la imagen de sus productor caería aún más.
Corea del Sur, país vecino de Japón que ya prohíbe la importación de productos marinos de Fukushima, se mostró preocupado por las posibles consecuencias medioambientales que podría tener la operación.
Los profesionales de la pesca de la región temen que si se aprueba el vertido sobre el que las autoridades llevan debatiendo meses, los esfuerzos de casi una década para retomar su actividad y vender su pescado habrán sido en vano, explicaron a la agencia de noticias Kyodo.
“Estamos aterrorizados de que si se descubre que un sólo pez ha excedido los estándares de seguridad después de verterse el agua, la confianza de la gente en nosotros se desplomará”, dijo un pescador de la ciudad de Soma al citado medio.
Por el contrario, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) defendió la solución de que el agua sea expulsada al mar.
