Hace una semana que la Justicia nacional está paralizada debido a una falla registrada en el sistema informático. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció la situación y exigió que se incrementen los recursos para el sector.

El 22 de enero pasado dejó de funcionar el sistema de gestión y desde entonces no se puede realizar ningún tipo de trámite judicial. Ayer, desde la UEJN comunicaron bajo el título “De mal en peor es el resumen de la historia entre el lex100 y los judiciales”, un texto en el que confirman que “a pesar de los esfuerzos efectuados por el personal de la Dirección General de Tecnología, no se ha podido restablecer el sistema informático y es por ello que hoy lunes 27 de enero tampoco habrá lex100. Desconociéndose hasta el momento cuándo se restablecerá”.

“Los trabajadores seguiremos prestando tareas siempre que nuestras condiciones de trabajo no se vean afectadas. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación al ver perjudicado el servicio de justicia, por causas ajenas a nosotros. Mientras algunos sectores hablan de reformas en la justicia, los trabajadores seguimos insistiendo en la necesidad de dotar al Poder Judicial de un mayor presupuesto y mejores herramientas para llevar a cabo nuestra labor”, culminaron.

De acuerdo a lo que precisó el sitio Infobae, esta situación afecta a defensorías y fiscalías de todo el país y no se puede hacer ningún tipo de trámite ya que toda gestión debe ser canalizada a través del software que dejó de funcionar. El desperfecto genera graves inconvenientes ya que la mayoría de las notificaciones, resoluciones y sentencias se hacen en el marco del sistema Lex 100. En resumen, no entran expedientes nuevos, no se hacen sorteos de causas, no salen autorizaciones de menores en temas urgentes en materia de familia, ni excarcelaciones.

Esta es no es la primera vez que deja de funcionar el sistema de gestión informática. El 31 de mayo de 2018 la actividad del Poder Judicial de la Nación quedó paralizada en todo el país como consecuencia de un “apagón informático” producido por una falla en el data center que depende del Consejo de la Magistratura.

En esa oportunidad, el desperfecto paralizó los juzgados, las Cámaras y los tribunales nacionales y federales de todo el país. El sistema Lex-100 que se utiliza en todas las dependencias judiciales nacionales dejó de funcionar impidiendo realizar cualquier tipo de movimiento en las causas. Fue imposible dictar resoluciones, notificar y cargar escritos. Tampoco los abogados pudieron acceder al sistema para controlar los expedientes en los que actúan o subir escritos.

El problema generado en el equipamiento de red fue reparado provisoriamente en esa ocasión a la espera de un repuesto cuyo precio había sido presupuestado en una cifra cercana a los 300.000 dólares.

La gestión y mantenimiento del hardware, el almacenamiento y la conectividad del data center está en manos del Consejo de la Magistratura y, según pudo saber Infobae, desde hace años no se ha invertido un solo peso en el sistema. Esta situación fue denunciada en varias oportunidades por el gremio de los empleados judiciales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.