Los rectores de las universidades nacionales, los gremios de profesores y trabajadores no docentes y estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA) presentarán este miércoles en el Congreso un nuevo proyecto de ley de Financiamiento Universitario.
El proyecto de inversión pública en educación superior busca “defender la gratuidad, el acceso, la permanencia y la calidad de las universidades, y establecer mecanismos de actualización del presupuesto que contemplen la realidad económica del país”.
Según explicaron los impulsores del proyecto, la iniciativa representa "una respuesta concreta para construir una solución estructural y duradera en defensa del sistema universitario público".
El año pasado el Congreso había sancionado una ley para incrementar las partidas del sistema universitario pero la misma fue luego vetada por el presidente Javier Milei a pesar de las masivas movilizaciones de 2024 que respaldaron el reclamo de la comunidad universitaria.
La semana pasada, luego de las jornadas de visibilización del conflicto universitario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, adelantó la presentación del proyecto en el Congreso y declaró a Radio 2 “que existe un problema en gastos de funcionamiento, donde el desfase es de alrededor del 100% entre lo que incrementó la inflación de noviembre del 2023 a la fecha con los aumentos que tuvimos”.
En lo que respecta al salario del personal docente y no docente. Bartolacci también planteó que la situación es crítica.
“Casi el 80% de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario nacional perciben un salario por debajo de la línea de pobreza. Un docente inicial hoy cobra algo más de 150 mil pesos. Un titular simple con 20 años de antigüedad, alguien que está al frente de cátedras, con formación postdoctoral, hoy está cobrando entre 300 y 350 mil pesos. Es inadmisible para alguien que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones del país”, explicó.
Este miércoles 28, para impulso de una nueva ley de financiamiento, la FUA realizará una concentración frente al Congreso, con la presencia de estudiantes de todo el país, representantes de centros de estudiantes, federaciones regionales y diversas organizaciones del movimiento estudiantil.
Además, la FUA llevará adelante un streaming abierto, para que estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria puedan seguir el tratamiento y los discursos en vivo.
“En un contexto de crisis presupuestaria, con universidades al límite y estudiantes con enormes dificultades para sostener sus estudios, esta ley representa una herramienta fundamental para defender la educación pública y proyectar un sistema universitario a la altura de las necesidades del país”, expresó el rosarino Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.
“Desde la FUA decidimos transformar la bronca y la angustia en organización y propuesta. No alcanza con denunciar: hay que disputar el rumbo del sistema universitario con iniciativas que garanticen su sostenibilidad. Por eso presentamos esta ley y convocamos a toda la comunidad educativa a hacerla propia”, agregó.
El proyecto
El nuevo proyecto propone la creación de un mecanismo de asignación automática de fondos, denominado “Proporción Universitaria”. También establece la convocatoria a paritarias salariales docentes y no docentes cada tres meses como mínimo, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación. Otro de los puntos es la recomposición salarial inmediata desde diciembre de 2023, incluyendo la incorporación plena de sumas no remunerativas a los sueldos básicos. El proyecto establece que la inversión del Estado nacional en educación universitaria alcance el 1,5 % del PBI para el año 2031, iniciando con un 1 % en 2026 y aumentando progresivamente. También se crea un Fondo para Carreras Estratégicas por 10 mil millones de pesos, ajustado por inflación, destinado a promover nuevas carreras en áreas clave como la inteligencia artificial, así como becas para estudiantes y acuerdos internacionales. La iniciativa impulsa una ampliación del sistema de becas universitarias y la revisión de sus criterios de admisión para garantizar mayor equidad e inclusión.
