El gobierno nacional reglamentó la Ley de Góndolas que se aprobó en el Congreso y que tiene por objetivo mejorar la competencia de productos garantizando una mayor oferta en las grandes cadenas de supermercados y así poder evitar abuso de precios por parte de sectores dominantes del mercado. 

Pese al optimismo, el ex director nacional de Defensa al Consumidor, Fernando Blanco Muiño, puso reparos sobre la iniciativa. “Es una ley que tiene cosas a favor y otras que generan incertidumbre que tienen que ver con la implementación”, detalló en diálogo con A Diario (Radio 2).

“Siempre es bienvenida la competencia, porque se abre el mercado y le da al consumidor la posibilidad de tener más productos para elegir a distintos precios. Pero vamos a ver cómo se implementa, no es una ley fácil de controlar en cuanto a su aplicación por los porcentajes que se establecen para los productos”, explicó el funcionario.

Para Blanco Muiño la secretaría de Comercio Interior, que estará a cargo de garantizar el cumplimiento de la normativa, deberá contar con un “cuerpo de inspectores especializados, para ver en cada góndola cuántos productos hay de una marca y cuántos de otras”.

Pese a esto, el ex funcionario nacional mostró cierto optimismo con respecto a la iniciativa. “Hay que apostar a que sirva, sea útil y transparente un mercado como el argentino donde hay una tendencia a la concentración de proveedores muy fuerte”, aseveró.

“La comercialización en la Argentina tiene algunos criterios de presentación en góndola donde el más fuerte se queda con las mejores ubicaciones y los productos que a veces son de igual o mejor calidad quedan o incómodos para el consumidor o lejos del acceso de quienes están comprando”, añadió Blanco Muiño.

Ante esto, la ley prohíbe que se puedan realizar este tipo de acuerdo comerciales y obliga a las grandes cadenas a garantizar que las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas.

En total, cada producto o proveedor no podrá tener un espacio superior al 30% del espacio de venta físico para cada categoría de producto. Además la normativa establece que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios por cada categoría que se determine.