El pasado 22 de septiembre, las tres comisiones de la Cámara de Diputados que tienen competencia en el tratamiento de la ley de conservación y uso de los humedales (Ambiente, Agricultura y Presupuesto) se reunieron en un plenario en el que trataron una decena de proyectos presentados por diputados de distintas bancadas. La aspiración, seguida de cerca por organizaciones ambientalistas que se manifestaban fuera del Congreso y por intendentes de ciudades afectadas pos los incendios en humedales del delta del Río Paraná (como el rosarino Pablo Javkin) era alcanzar un dictamen de consenso para unificar posiciones y concebir una ley nacional que establezca un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, como marca el artículo 41 de la Constitución.
La reunión acabó en un cuarto intermedio con la promesa de volver a encontrarse el 29 de septiembre. Pero ese encuentro nunca se realizó: mediante una carta, algunos presidentes de bloque (Germán Martínez, del FDT; Mario Negri, de la UCR; Cristian Ritondo, del PRO; entre otros), pidieron una nueva postergación para “escuchar a los gobiernos provinciales” (sobre todo a los que tienen recursos mineros como el litio, que también se encuentran dentro de lo que se denomina “humedales”) que habían hecho saber su oposición a una ley que vendría a coartarles el derecho de explotar como quieren sus territorios. “Las leyes se tratan, no se despachan”, había avisado ya Ricardo Buryaile (UCR), presidente de la comisión de Agricultura, buscando ganar tiempo. Y así el lobby logró que no sólo no se “despachara”, sino que ni siquiera se tratara.
“Estos presidentes de bloque han hecho el intento de cajonear estos proyectos y este debate. Y lo hicieron por fuera del reglamento de la cámara. Ha habido una suspensión sin aviso, intempestiva, por pedido de gobernadores que hacen un planteo que tampoco es razonable”, dijo en AM/PM por Radio 2 el diputado santafesino Enrique Estévez, quien había presentado la moción de emplazamiento para que se votara la realización del plenario del 22. Para Estévez, esta debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones que realizaron el plenario y no de manera arbitraria por los presidentes de bloque de un cuerpo colegiado, en donde los 257 votos cuentan.
Pero más allá de esta cuestión técnica del funcionamiento de la Cámara, lo que Estévez plantea además es la responsabilidad del estado nacional de preservar el medio ambiente a la par de la potestad de las provincias de explotar como deseen la riqueza de sus territorios, que es la clave para entender la negativa de algunos gobernadores: “Ellos esbozan que los recursos naturales son de dominio de las provincias y que por ende, pueden explotarlos como quieren. Y si bien la constitución lo establece así, también establece que es el estado nacional el responsable de cuidar el medio ambiente".
"Por eso es importante entender que lo que promovemos es una ley que permita una protección mínima de nuestros humedales de punta a punta del país. Y que las actividades productivas se tienen que adecuar a cuidados que requiere el ambiente en este momento, como pasó en muchos países del mundo. Pero los gobernadores del norte tienen una preocupación específica por la actividad minera vinculada al litio y por eso mandaron ese mensaje”, agregó.
Estévez asegura que los gobernadores serán “bienvenidos a la discusión”, pero remarca que “no es real que en la Cámara no sepamos qué opinan las provincias, porque los diputados que son parte de los oficialismos tienen una coordinación con sus gobernadores. Nosotros entendemos que es importante tener una ley nacional para que todo el país tenga el mismo criterio: un consenso en torno a comprender que es importante cuidar estos ecosistemas, que no son iguales a lo largo de todo el territorio”. Y subrayó que “no hay ningún debate que podamos tener en el futuro que no contemple el cuidado del ambiente: esto tiene que ver con la producción, con diseños de políticas públicas y con nuestras conductas individuales”.
“Es tomar consciencia de que llegamos a una situación límite y que tenemos que empezar a realizar acciones para evitar catástrofes ambientales que estamos viendo en todo el mundo. Incendios, inundaciones o sequías, que también afecta a la producción. Por eso decimos que no es una ley contra la producción: es una ley que pretende darle un cuidado específico a estos ecosistemas que son los humedales y que son tan importantes”, añadió.
Un “ruido” parlamentario
El diputado Estévez contó que desde la presidencia de la Cámara ya se ha invitado a los gobernadores a participar del debate, pero aún no han recibido respuesta. Y que el próximo paso debe ser, si no acusan recibo de la propuesta, volver a citar a las comisiones. “Vamos a tratar de que vengan la semana próxima para poder escucharlos y dar este debate de manera responsable, porque negarse no es la manera”, apuntó.
De todos modos, hay un “ruido” parlamentario que puede poner más palos en la rueda: el tratamiento de la Ley de Presupuesto, a la que el gobierno nacional le dará preponderancia por encima de cualquier otra, por la cual seguramente buscarán evitar discusiones que puedan interferir en el consenso para aprobarlo. “Es posible que eso pase porque el gobierno nacional está con un interés particular de que el presupuesto salga. Desde un punto de vista político es comprensible, pero es inadmisible la forma en que se intenta cajonear este debate, porque no se puede negar la realidad que estamos viviendo”.
Y volvió a enfatizar que no cesarán en el esfuerzo de evitar que el lobby le gane al sentido común: “Nosotros la cabeza no la vamos a agachar. Ya hicimos el planteo en la reunión de labor parlamentaria y vamos a seguir insistiendo. Si es necesario que planteemos un nuevo emplazamiento para que los diputados se expresen a ver si tienen la voluntad de que esto se trate, lo haremos; por el momento estamos intentando respetar, como no hicieron los presidentes de bloque y los gobernadores, la institucionalidad del congreso, para que se ponga de común acuerdo una fecha para que la reunión de comisiones se haga”.
Intentos fallidos
El proyecto de Ley de Humedales fue presentado por primera vez en 2013 y obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobado por la Cámara de Diputados. En noviembre del 2020, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados logró un dictamen unificado con la firma de 23 diputados de diversos bloques pero no llegó al recinto.
Ahora, en 2022, con el 56 por ciento de los humedales de América Latina destruidos y con incendios forestales que se repiten en el delta del Paraná, en la región de Traslasierra o en San Luis, los intereses económicos vuelven a mostrar los dientes, negándose a permitir que el estado controle de qué forma se produce en territorios que tienen una función clave para la salud del medio ambiente.
Según la diputada Graciela Camaño, “hay un interés de la minoría, que tiene la costumbre de llevarse por delante a la Argentina y los argentinos que es absolutamente letal a la hora de hacer el lobby en torno a los temas que les interesa”. Esa letalidad, lentamente, se empieza a dibujar de nuevo.
