La nueva ley de Alquileres cumplió un año desde que el gobierno nacional la promulgó y agrupaciones de inquilinos denuncian que aún “en muchos aspectos sigue sin cumplirse”. Ante esto, reclaman mayor control del Estado y avanzar hacia la regulación de todo el precio del alquiler.
“Lo que regula son los ajustes del segundo y tercer año, el precio inicial lo sigue definiendo el mercado”, explicó en Cada Día (El Tres), el representante de la Federación de Inquilinos, Sebastián Artola. “Para nosotros hay que avanzar hacia la regulación de todo el precio de alquiler como ocurre en las grandes ciudades del mundo”, añadió.
De acuerdo al último relevamiento que realizaron desde la federación, se detectaron “exorbitantes aumentos” en el precio de los alquileres. “En nuestra ciudad rondan el 80% y hay inquilinos que nos informan subas que superan el 100%, cuando el índice oficial dio en estos días un 40% de aumento”, sostuvo Artola.
“En nuestro cálculo, como fue históricamente en Argentina hasta hace algunas décadas, el precio del alquiler no debería superar el 30% del ingreso promedio de un trabajador. Esa es una manera de que el alquiler tenga correspondencia con lo que cobra un trabajador. Hoy en Santa Fe ronda el 45% y a nivel nacional se acerca al 50%, casi el doble”, remarcó el referente de los inquilinos.
Ante esta situación, el pedido de la federación es avanzar en la regulación del mercado inmobiliario. “Necesitamos más presencia del Estado por más que el mercado se oponga. Está claro que el incumplimiento de la ley y las propuestas para derogarla, buscan la desregulación total del mercado, la flexibilización total, pero la realidad es que la vivienda a manos del mercado, explica la situación crítica en materia habitacional en nuestro país”, aseguró.
“Lo que hay en estos meses es una movida especulativa del mercado, aumentando los precios de forma exorbitante y retirando inmuebles para generar incertidumbre, miedo e impactar en la suba de precios”, denunció Artola.
Además de la regulación, desde la federación pidieron que se avance en dos aspectos que consideran claves, por un lado la aplicación de un impuesto especial para los inmuebles ociosos y por el otro la creación de un área de control para evitar el abuso de las inmobiliarias ante los inquilinos.
