El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE. UU.) le bajó el pulgar a un pedido clave: rechazó dar marcha atrás con la histórica decisión de 2015 que oficializó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La Corte desestimó, sin dar explicaciones, la apelación de Kim Davis, la exsecretaria judicial de Kentucky que se había negado a tramitar licencias matrimoniales a parejas homosexuales tras el fallo del famoso caso Obergefell vs. Hodges.
Davis, ahora, se queda con la obligación de pagar 360.000 dólares en multas y gastos legales a la pareja a la que perjudicó. La exfuncionaria buscaba anular esta orden judicial.
Sus abogados se apoyaron en la opinión del juez Clarence Thomas, el único miembro actual de la Corte que manifestó públicamente su intención de revocar la legalización del matrimonio igualitario.
Una ley federal que se aprobó en 2022, durante el mandato de Joe Biden, garantiza el reconocimiento de todos los matrimonios, incluidos los de personas del mismo sexo y los interraciales, y prohíbe que cualquier estado los desconozca.
Los jueces conservadores y la herencia del aborto
Thomas ya había sido uno de los que votó en contra en 2015, junto al presidente del Tribunal, John Roberts, y Samuel Alito. Si bien Alito mantiene sus críticas, aclaró que, por ahora, no está a favor de tumbar la ley.
La jueza Amy Coney Barrett, que se sumó a la Corte después de aquel fallo, comentó que algunos precedentes deberían revisarse, como pasó con la ley del aborto en 2022. Sin embargo, marcó una diferencia: el matrimonio entre personas del mismo sexo está en "una categoría diferente", ya que millones de familias se formaron bajo esa normativa.
Celebración de los derechos civiles
La presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, celebró la decisión sin dar lugar a dudas: “La Corte dejó claro que negarse a respetar los derechos constitucionales de los demás tiene consecuencias”.
Kim Davis se hizo conocida en 2015 por negarse a entregar licencias alegando convicciones religiosas, un accionar que incluso la llevó a pasar un tiempo en prisión. Desde entonces, perdió su puesto público y las leyes de Kentucky se modificaron para que no se repitan casos similares.
