Agostina Páez, la ciudadana argentina procesada en Brasil por una acusación de injuria racial, cumple prisión domiciliaria en Río de Janeiro. En las últimas horas, la justicia brasileña rechazó el intento de trasladar su causa a Argentina, lo que generó preocupación en su equipo legal. Su abogada, Carla Junqueir. advirtió sobre la delicada situación de su representada y la necesidad de una respuesta más activa por parte del Estado argentino. Según la letrada, el caso trascendió la esfera estrictamente judicial.

“Lo que me parece que está faltando en este caso, y yo entré para aportar esta parte, estoy tratando de hacerlo, es una movida un poco más contundente del Gobierno de Argentina, porque la posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no llega”, afirmó Junqueira en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

Aunque la defensa presentó argumentos basados en tratados internacionales, la situación es compleja. La abogada aclaró que la potestad de trasladar el expediente es una decisión discrecional del juez, quien suele alinearse con la postura del Ministerio Público.

Sobre el estado actual del trámite, Junqueira precisó: “Por ahora no hay una decisión sobre este pedido. Lo que hay es una opinión de la fiscalía”. 

El organismo se opuso formalmente al traslado, lo cual condiciona negativamente las perspectivas de la defensa.

     

Páez permanece con monitoreo electrónico en Río de Janeiro. Si bien existe el temor de que la fiscalía presione para un cambio a una cárcel común, la defensa confía en que esto no ocurrirá, dado que lograron acreditar ante el tribunal que la acusada no presenta riesgo de fuga.

Para Junqueira, la única vía efectiva ante el estancamiento judicial es elevar el reclamo al plano institucional. 

La abogada sostiene que, sin gestiones de alto nivel desde la Cancillería argentina, el proceso continuará desarrollándose inexorablemente en territorio brasileño.

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