El 15 de septiembre pasado, el Gobierno anunció que promulgará la Ley de Discapacidad que el Congreso ratificó al rechazar el veto de Javier Milei, pero aclaró que su implementación quedará en suspenso hasta definir cómo se financiará. En este marco, personas con discapacidades, sus familiares y trabajadores del sector se movilizaron, una vez más este miércoles al mediodía, en la plaza San Martín, Córdoba y Dorrego, para exigir su puesta en marcha.
“Quiero pedirle al Presidente que se toque el corazón y no juegue con las personas especiales por favor que no entienden nada”, dijo Esther, una mamá de mellizos discapacitados que, según denunció, se quedó sin asistencia.
“Me sacaron los medicamentos, los tengo que comprar yo y no tengo dinero. No llego a fin de mes, el día 5 ya no tengo plata”, aseguró un joven con epilepsia en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).
“Queremos que la Ley de Discapacidad salga, no puede ser que haya gente con distintas discapacidades”, lanzó otro muchacho presente en la marcha. “Estoy viviendo mal, esto que pasa es horrible”, agregó.
La ley de emergencia en discapacidad fue sancionada en respuesta a la crisis del sistema de atención, que sufrió recortes y congelamiento de fondos, además de una fuerte reducción en el número de beneficiarios tras una auditoría cuestionada. Estas medidas se aplicaron bajo la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien fue removido de su cargo luego de que se filtraran audios en los que mencionaba un presunto esquema de coimas entre funcionarios y droguerías.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado que la medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, lo que implicaría un gasto adicional de entre $1,88 y $3,62 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI. También estimó que la compensación de emergencia a prestadores demandaría $278.323 millones, y los talleres de producción, $7.160 millones.
Veto rechazado
El pasado 4 de septiembre, en una muestra de contundencia, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad pese a que Javier Milei decidió vetarla. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Fue el primer veto que el Congreso le volteó a la administración libertaria.
La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.
Entre los principales puntos de la ley sancionada primero y rechazasa por el Ejecutivo después, prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
Aprobada el último julio, la emergencia en discapacidad garantiza los fondos para una serie de prestaciones hasta diciembre de 2027. Se trata del pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas) como así también el restablecimiento del proceso de aprobación de pensiones y la actualización de las sumas que, en junio de 2025 eran de 213.286,50 pesos.
