La Justicia brasileña ordenó este miércoles la transferencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por corrupción y lavado de dinero, a un establecimiento de Sao Paulo. Se habla de una cárcel común, donde hay homicidas reconocidos, en el interior del citado estado.
Se trata de la cárcel de Tremembé, un presidio común con asesinos famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.
Lula da Silva (presidente entre 2003 y 2010) se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama de corrupción de la Lava Jato.
En el auto, la magistrada Carolina Lebbos subrayó "la plena pertinencia de la transferencia" para Sao Paulo y recordó que "no hay razones" para mantener el cumplimiento de la pena "en un lugar distante del núcleo familiar y social".
La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido al encarcelamiento de Lula da Silva, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma "permanente" para evitar enfrentamientos entre "grupos antagónicos".
La defensa del expresidente, sin embargo, solicitó que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados, según dijeron a Efe fuentes del Instituto Lula.
Por haber sido jefe del Estado, Da Silva puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.
La pena
El exmandatario fue condenado a 9 meses y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de dar por comprobado que Lula da Silva recibió un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula da Silva ya pesa otra condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula da Silva permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
El antiguo líder sindical, acorralado por diversas causas judiciales, se dice víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo apartarle del escenario político, y que lo dejó fuera de las elecciones presidenciales de octubre pasado, las cuales ganó Jair Bolsonaro.
