El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley esta semana con el que busca modificar el Código Penal y agravar las penas para quienes organicen usurpaciones y para quienes tomen tierras y propiedades públicas y privadas.
En Río Negro, provincia en la que Weretilneck fue gobernador (2012-2019), las tomas de tierras también son un problema vigente. Las tomas en El Foyel y Villa Mascardi, en San Carlos de Bariloche, mantienen en tensión al gobierno y la sociedad.
Presenté un proyecto de ley en el @SenadoArgentina proponiendo modificar el Código Penal para evitar las tomas en todo el país. Solicitamos agravar las penas para quienes usurpen u organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas. pic.twitter.com/P3XojbEx46
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 27, 2020
“El delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo. Claro que existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, explicó Weretilneck en el marco de distintas tomas en el país.
Según consideraron en el despacho del senador, el proyecto hace una distinción en cuanto al caracter de las usurpaciones: se diferencian aquellas provocadas por una persona o un grupo reducido, contempladas en el artículo 181 del Código Penal, de las que se producen masivamente.
En la argumentación, el rionegrino indicó que en los últimos tiempos se han incrementado las usurpaciones de carácter masivo lo cual implica “no solo una menor posibilidad de resistencia para la víctima, sino una mayor dificultad para la Justicia a la hora de proceder con las investigaciones correspondientes”.
El senador declaró que muchas veces, quienes estimulan u organizan las tomas pero no participan directamente de ellas pueden quedar impunes. Para evitar que en esos casos los implicados sólo sean alcanzados por el delito de instigación, la iniciativa plantea una figura específica denominada como "facilitador", pensada para ir detrás de "quienes lucran con la usurpación".
Las penas para los involucrados en usurpaciones
El proyecto establece que si los delitos se producen por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión para todos los que hayan participado del hecho. A los organizadores, en cambio, les alcanzarían penas de entre 3 y 6 años de prisión.
También se establece un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión para quienes, sin integrar pueblos originarios, justifiquen las tomas "invocando derechos tradicionales sobre las tierras" y "generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos". En estos casos, la pena no sería excarcelable.
Por último el exgobernador rionegrino también impulsó la reforma del artículo 23 del Código Penal, para que dentro de las medidas cautelares de desalojo y la restitución del bien a quien lo poseía, se realice sin necesidad de tener que esperar hasta el final del proceso.
