En algunas cárceles de la provincia se lleva adelante este miércoles la tercera jornada de huelga de hambre y paro de actividades laborales en los talleres de las unidades penitenciarias. La medida está dirigida al gobierno, por más medidas de higiene, y a la Justicia, que recibió pedido de arrestos domiciliarios en casos puntuales: cuando el recluso está por terminar de cumplir la condena, cuando forma parte de un grupo de riesgo de coronavirus o cuando ya gozaba de salidas transitorias. La situación en Santa Fe dista de Buenos Aires, donde un juez benefició a decenas de reclusos a través de un hábeas corpus colectivo. También está alejada de aquellos motines ocurridos en Las Flores y Coronda en marzo pasado, donde se registraron seis muertos

Fuentes judiciales consultadas por Rosario3 señalan que las principales diferencias entre Santa Fe y Buenos Aires están en que no hay casos confirmados de coronavirus en la provincia, que no existe el grado de sobrepoblación que hay en territorio bonaerense, y que no se tomó una resolución judicial que beneficie a una gran cantidad de reclusos a través de un hábeas corpus colectivo, como pasó en Buenos Aires.

Santa Fe tiene 6.415 internos en las distintas cárceles del territorio provincial, cuya capacidad máxima de alojamiento es de 5.829. Buenos Aires, de acuerdo a un informe del tribunal de Casación Penal dado a conocer en enero, tiene unos 50 mil reclusos y una capacidad máxima para 25 mil.

Cárceles de Santa Fe

En varias unidades penitenciarias hay sobrepoblación de internos, de acuerdo a datos de fuentes del gobierno provincial. En las más grandes, como Nº 1 (Coronda) hay 1.556, cuando la capacidad es para 1.456; en la Nº 2 (Las Flores) hay 1.183, cuando la capacidad es de 1.073; en la Nº 11 (Piñero) hay 1.975, cuando la población máxima debería ser 1.452.

En tanto, en la Unidad Nº 3 de Rosario hay 247 reclusos (capacidad máxima de 285); en la Unidad Nº 4 hay 52 (máximo tiene que haber 55); en la Unidad Nº 5 hay 136 (el máximo es de 171), en la Unidad Nº 6 hay 500 (máximo de 517); Unidad Nº 9 no tiene internos ya que fue reacondicionada como hospital para internos que puedan tener contagios de coronavirus; en la Unidad Nº 10 hay 249 (capacidad de 268); en Unidad Nº 16 hay 322 (capacidad de 320); en Alcaidía Regional hay 154 (debería haber 120); en salas penitenciarias hay 4 (capacidad de 11); y hay 37 menores en alojamientos de Rosario y Santa Fe (cuyo máximo es de 71).

Por otra parte, el juez penal de la ciudad de Santa Fe Leandro Lazzarini rechazó este martes por la tarde que los presos puedan usar teléfonos celulares para mantener contacto con sus familiares. Lo hizo ante un hábeas corpus del defensor público Leandro Miró. Además, instó al Servicio Penitenciario a implementar más teléfonos fijos para que los detenidos puedan comunicarse.

En cambio, la Justicia bonaerense autorizó a los presos de tres cárceles de la provincia a tener celulares para comunicarse con sus familiares mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y así reemplazar las visitas de allegados y amigos que los internos decidieron suspender para limitar las posibilidades de contagio.

Casos de coronavirus y arrestos domiciliarios

El secretario de Justicia de Santa Fe Gabriel Somaglia dijo este miércoles en A Diario (Radio 2) que no se registró ningún caso confirmado de coronavirus en las cárceles provinciales. En Villa Devoto, donde hubo un violento motín el pasado viernes, había dos pacientes con covid-19.

Somaglia también agregó que la justicia provincial otorgó "menos del 10% "de los pedidos de arrestos domiciliarios presentados por los defensores. Señaló que los beneficios fueron dados a personas que se encuentran entre los grupos de riesgo y que no hayan cometido delitos como homicidio agravado o abusos sexuales. No obstante, fuentes judiciales aseveraron que sí se brindaron arrestos domiciliarios a personas condenadas por violaciones, pero que tenían más de 60 años y estaban por terminar de cumplir su condena en prisión.

La Justicia de Rosario (segunda circunscripción), desde que comenzó la cuarentena, recibió unas 398 presentaciones de hábeas corpus (92), de ejecución penal (118) y de morigeración de prisiones preventivas (190). De ese número, se estima que entre un 6 o 7 por ciento recibió respuesta favorable del juez o jueza que analizó la petición.

De esas resoluciones resueltas, unas 250 fueron apeladas. De esas 250 apelaciones se resolvieron aproximadamente 100, de las cuales en el 17 se revocó la denegatoria de primera instancia.

La situación descripta en Rosario y Santa Fe dista de Buenos Aires, donde por ejemplo solo un juez como Víctor Violini (camarista de Casación Penal bonaerense) hizo lugar a un hábeas corpus colectivo por el que fueron beneficiados al menos 100 internos con arresto domiciliario.