Tras 15 días de piquetes y conflictos en el Puerto de Rosario, la situación llegó este jueves a un punto límite cuando el gremio Supa llevó la protesta desde la puerta de la terminal al Concejo, la Municipalidad y la sede del gobierno provincial. En los primeros dos casos hubo destrozos y desmanes, por los que luego, desde el sindicato pidieron disculpas, aunque esta mañana señalaron “infiltrados”. Pero lo que sorprendió en cada posta de la manifestación de este jueves –y de los piquetes anteriores– fue la inacción policial. El fiscal que quedó a cargo de los hechos, Carlos Covani, dijo que la Policía se negó a cumplir con sus órdenes de detención desde el miércoles porque, según argumentaron, se vieron sobrepasados por los propios manifestantes. Investigará si esto fue así o si hubo “una decisión política de no intervenir”.
En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), Covani explicó que centralizó los delitos cometidos en el marco de la protesta de portuarios este miércoles. Hasta entonces, el principal era la interrupción de la circulación vehicular en Circunvalación y 27 de Febrero. Ya entonces ordenó a la Policía detener a quienes obstruyeran el tránsito y ya entonces se encontró con la primera negativa de los oficiales que adujeron estar superados numéricamente por los manifestantes y no contar con recursos materiales. Misma justificación repitieron este jueves cuando se cometieron los destrozos en la Municipalidad.
“Voy a tratar de verificar si había una indisponibilidad absoluta de los recursos o si sí habían y hubo una decisión política de no intervenir”, advirtió Covani. Y reclamó: “La respuesta la tiene que dar el Ejecutivo. La intervencion nuestra es por ley, no porque sea una posición cómoda. Nosotros no hacemos prevención, la Fiscalía interviene cuando el delito ya se cometió, el que tiene la tarea de evitar el delito es la Policía”.
“Me dijeron «Doctor, son más que nosotros, no tenemos escudo, no tenemos cascos»", continuó sobre cómo siguió el miércoles cuando dio la primera orden de detención.
"La orden fue «Busquen, pidan»”, agregó.
Pero luego, continuó el fiscal, las cosas se complicaron aún más cuando los pocos policías disponibles tuvieron que ser relocalizados a otro lugar. Para entonces, no obstante, el corte de los portuarios comenzaba a descompromirse y Covani ordenó que se realizaran las detenciones al día siguiente (jueves) si otra vez había cortes de tránsito.
No obstante, llegó el jueves y según contó el fiscal, recién se enteró de la reanudación y escalada del conflicto cuando la secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayru lo llamó para informarle hacia las 11 sobre los destrozos en el Palacio de los Leones.
Una vez más, la Policía dejó hacer por argumentos de falta de recursos materiales y humanos.
La situación se repitió en la Gobernación, donde, si bien no se reportaron incidentes, Covani contó que volvió a pedir la detención de las personas que interrumpían la circulación y que habían generado daño en los otros dos edificios públicos.
Para entonces la negativa fue justificada de distinta manera: parecía abrirse un canal de diálogo con las autoridades para destrabar el conflicto.
“La respuesta la tiene que dar el Ejecutivo. La intervencion nuestra es por ley, no porque sea una posición cómoda. Nosotros no hacemos prevención, la Fiscalía interviene cuando el delito ya se cometió, el que tiene la tarea de evitar el delito es la Policía”.
