El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes en Rosario un nuevo régimen de contrataciones para las industrias penitenciarias, con el objetivo de optimizar la gestión productiva en los establecimientos carcelarios y fortalecer el trabajo como parte del proceso de reinserción social.
Durante una conferencia en la Sede de Gobierno de Rosario expusieron los detalles del nuevo sistema, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; y la directora del Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), Rocío Zanón.
Según explicaron las autoridades, el nuevo régimen busca reconvertir el funcionamiento del Iapip bajo una lógica más productiva, transparente y eficiente, reduciendo la dependencia de fondos estatales y fomentando que las propias unidades penitenciarias puedan sostener su actividad con los ingresos generados.
“En casi todas las provincias argentinas, el trabajo del preso tiene carácter laboral y se le paga un salario mínimo, vital y móvil, con descuentos y un fondo que se le entrega al recuperar la libertad. En Santa Fe, en cambio, el trabajo es parte del tratamiento penitenciario y constituye un deber”, explicó Cococcioni.
Hay muchísimos presos ociosos y eso no lo podemos admitir
El ministro detalló que, bajo este esquema, la negativa injustificada a trabajar puede afectar el avance del interno en el régimen progresivo, ya que el trabajo se entiende como una herramienta central de responsabilidad y esfuerzo individual.
Cambio estructural
Cococcioni reconoció que el actual sistema de industrias penitenciarias —que funciona como un instituto autárquico— viene arrastrando fuertes limitaciones operativas por su carácter burocrático.
“Hoy, para comprar harina y hacer pan en una panadería de la cárcel hay que hacer un expediente. Si una panadería de barrio tuviera que esperar meses para eso, se funde”, explicó el ministro.
El funcionario añadió que estas trabas impiden que el Iapip tenga una operatoria comercial y empresarial ágil, lo que a su vez dificulta su sustentabilidad económica. Actualmente, entre un tercio y la mitad de los costos del organismo deben cubrirse con fondos del Tesoro provincial.
Con el nuevo régimen, el Gobierno busca revertir esa ecuación: que los propios internos, mediante su trabajo, contribuyan a solventar los gastos de su manutención y a la vez generen excedentes que puedan destinarse a obras y servicios públicos.
“La idea es que el Estado no tenga que mantener una estructura para que los presos trabajen, sino que el trabajo de los presos mantenga la estructura. Eso es un cambio de paradigma”, remarcó Cococcioni.
“El régimen de contratación que hoy estamos empezando a poner en vigencia, lo que permite es complementar el deber de trabajar que tienen los presos con tener una organización eficiente que lo permita hacer a gran escala. Hoy industrias penitenciarias claramente por estas limitaciones no llega a ser una institución autosustentable económica y financieramente”, dijo Cococcioni.
Reinserción
El nuevo régimen de contrataciones será implementado de forma progresiva y delegará en la Dirección de Industrias Penitenciarias la facultad de aprobar y supervisar los convenios productivos.
Según Cococcioni, esta reforma complementa la Ley de Ejecución de la Pena, sancionada a fines de 2023, que permitió reorganizar el sistema penitenciario provincial.
El ministro también destacó que la medida apunta al 90% de la población penal que no integra pabellones de alto perfil.
“Hay muchísimos presos ociosos y eso no lo podemos admitir. Creemos que deben trabajar no solo para aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, sino también para contribuir a los gastos que hoy asume toda la sociedad”, concluyó.
"El preso tiene que trabajar para aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, pero también para contribuir activamente a los gastos que demanda su manutención porque si no los tiene que mantener el resto de la sociedad", concluyó el ministro Cococcioni.
Recursos
El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida busca optimizar recursos públicos y consolidar una administración penitenciaria autosustentable. “Queremos que la Industria Penitenciaria se rija por los estándares de una empresa eficiente. Dotarla de herramientas de gestión le permitirá planificar, comprar a mejor precio y aumentar el volumen de trabajo”, explicó.
El titular de Economía subrayó que el decreto garantiza los principios de concurrencia y publicidad en las contrataciones, pero con mecanismos más ágiles que eviten la parálisis administrativa. “La industria penitenciaria requiere abastecimiento continuo. Con esta reforma, el sistema gana previsibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta”, apuntó.
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que el trabajo en contexto de encierro forma parte del programa de tratamiento penitenciario individual que se aplica a cada interno.
“Cada persona privada de libertad tiene un plan que define sus actividades formativas y productivas. Su cumplimiento influye en la calificación y en la posibilidad de acceder a beneficios legales, como salidas transitorias o libertades asistidas”, explicó.
