El lunes 27 de abril se termina la segunda etapa de la cuarentena y comienza una nueva. Si bien se espera que en varias localidades pequeñas e intermedias se retome el movimiento social y económico, en las grandes aglomeraciones urbanas seguirán las restricciones aunque con características nuevas. Wado de Pedro, ministro de Interior, fue quien confirmó que habrá un nuevo esquema tras consultar a los gobernadores. Estos últimos serán los encargados de decidir qué localidades flexibilizarán el aislamiento social, previo consentimiento del Ministerio de Salud de la Nación.
Los detalles de esta etapa aún se desconocen y se espera que este fin de semana el presidente Fernández o sus ministros lo hagan público. Lo que se da por descontado es que la vida no volverá a una normalidad prepandemia pese al amesetamiento de la curva que se logró. El último parte de las autoridades de Salud arrojó que en Argentina hay 3.607 casos confirmados de Covid-19, 176 fallecidos y 976 personas recuperadas. Santa Fe registró un total de 239 infectados, 2 fallecidos y 134 recuperados a la fecha. Rosario, la capital Santa Fe y Rafaela son las ciudades más afectadas por el Covid-19.
Estos números y que el ratio actual de contagios se mantengan estables, sin colapsar el sistema de salud, solo es posible por el aislamiento y el distanciamiento social. Hasta el momento no existe otra forma efectiva de evitar que la enfermedad se propague. La mayoría de los especialista a nivel mundial no creen que se logre una vacuna antes de los 18 meses, salvo por un grupo de científicos de la Universidad de Oxford que empezaron las pruebas en humanos esta semana. De lograr un resultado exitoso sería un hito en la historia de la medicina ya que una vacuna tarda entre 5 y 10 años hasta su aprobación definitiva.
El Instituto Milken relevó que se investigan 92 potenciales vacunas, 152 tratamientos contra el Coronavirus y cientos de ensayos clínicos ya fueron registrados en la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 20 de abril.
De lograrse una vacuna o bien un tratamiento efectivo contra el Covid-19 el otro problema que surge es su producción a escala masiva. Argentina por su parte necesitará, en principio, el equivalente a la población que no se haya contagiado en un país de 45 millones de habitantes. Y es en este punto es donde surgen preguntas sobre cuánto demorara obtener una vacuna efectiva. ¿Cómo será el reparto de la cura entre los países del mundo? ¿Qué costo tendrá? ¿Se liberarán sus patentes para que cualquier laboratorio la réplique? ¿Cuánto tiempo demandará su masificación? ¿Meses, un año, más tiempo? Estas preguntas, en su mayoría, no tienen una respuesta clara salvo por la económica y una apuesta por un tiempo acotado. El Financial Times informó que se puede obtener una vacuna en 18 meses con un costo de 2 mil millones de dólares según estimaciones de Richard Hatchett, CEO de la Coalición para la Innovación en Preparación ante Epidemias (CEPI).
Más allá del tiempo y el costo otra posibilidad concreta es que el virus mute antes de extinguirse y que esto deje obsoleta la potencial vacuna al no lograr la inmunidad. En este contexto el único tratamiento que se probó efectivo es el aislamiento y el distanciamiento social. Esta realidad es la que se impone y la que lleva al gobierno nacional y las provincias a sostener las restricciones en contra del humor social, la caída de la economía y la presión de sus sectores representativos.
Los países donde el aislamiento social se aplicó tarde o de forma relajada tienen la enfermedad descontrolada. Es el caso de Estados Unidos que se transformó en el epicentro de la enfermedad y que pese a esto apuesta a reabrir su economía en mayo; Brasil, donde el presidente Bolsonaro alienta a que la gente vuelva a trabajar desoyendo a los expertos de la salud. El de Gran Bretaña que terminó con el Primer Ministro de Inglaterra, Boris Johnson, enfermo y recuperado de Coronavirus y previamente fueron Italia y España por nombrar algunos.
Esta realidad que golpea a países vecinos y las principales potencias de occidente no impidió que en nuestro país la población empiece a relajarse y a violar la cuarentena a partir de la segunda semana de aislamiento. En Santa Fe de los más de 4000 detenidos por infringir la restricción poco más de 2700 son de Rosario. Cualquier persona advierte que el movimiento en su barrio y alrededores es mayor al de los primeros días pasado un mes de cuarentena. Desde que se impuso el uso de tapaboca o barbijo y se liberaron algunas actividades ese número aumentó, aunque el acatamiento se mantiene alto en todo el país. En Rosario donde mejor se observa esto es en el transporte público, fuentes de la municipalidad aseguran que si bien los colectivos funcionan con frecuencias de día sábado, el número de pasajeros cayó entre un 85 y un 90 por ciento.
Si la población desoyera por completo la restricción de movimiento y de un día para el otro saliera a la calle como en la vida pre pandemia, en tres semanas se podría comenzar a construir el temido pico de la enfermedad. En las actuales condiciones los modelos matemáticos de las universidades públicas indican que esto directamente podría no ocurrir en el país.
Sacar la economía a dar una vuelta a la manzana
Sostener esta situación implica consecuencias que no se pueden evitar. La más palpable es la económica. Según proyecciones de la CEPAL, el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina caerá un 6,5 por ciento en 2020 mientras que el de América Latina un 5,3—la peor recesión de su historia—. El desplome regional de exportaciones agrícolas y mineras a China será del 24,4 y del 16,1 por ciento a la Unión Europea, dos mercados que le reportan divisas al país. El informe también señala que esta caída de las exportaciones se da en un contexto donde el PBI regional viene a la baja desde el periodo 2010–2019, post crisis financiera de 2008, en donde la tasa se contrajo del 6 al 0,2 por ciento.
El escenario no mejora para nadie en el mundo pero para los países que venían con dificultades el camino de salida será aún más cuesta arriba. En el medio Argentina se encuentra renegociando su deuda pública frente a acreedores privados, externos e internos, que en principio rechazaron la oferta que hizo el país a través del ministro de Economía Martín Guzmán.
Con este tablero de fondo, el país se encamina a ampliar algunas actividades a partir del próximo martes. Esto pareciera tener un doble objetivo: liberar tensiones sociales y poner a rodar parcialmente su maltrecha economía. Para lograrlo el gobierno nacional activó una batería de medidas que apuntan a paliar el hambre en los sectores populares, sostener el empleo, un ingreso de $10 mil pesos para los trabajadores informales y autónomos, anunció que pagará el 50 por ciento de los salarios del sector privado y abrió una línea de créditos para evitar el cierre de empresas por el freno en seco de la actividad. El periodista Alejandro Bercovich le puso números a esta inversión por parte del Estado: 1,5 por ciento del PBI, unos 385 mil millones de pesos. Tres por ciento si se contabilizan los créditos que deben dar los bancos. Mientras que países como EEUU están destinando el 10 por ciento de su producto bruto para atajar la corona crisis.
Liberar actividades implica mover una pieza a la vez en el contexto actual de circulación comunitaria del Covid-19. Como se señaló antes abrir de golpe el país sería asomarse al abismo de lo que podría significar un crecimiento exponencial de contagios y aumento de muertes. Pero al mismo tiempo todos los sectores están de acuerdo en que no se lo puede mantener semi inmovilizado de forma indefinida.
La salud y la economía con un martillo en la mano y un disco de los Stones en la otra
El ingeniero industrial español Tomás Pueyo, quién modelizó los estragos que tendría la enfermedad en Estados Unidos y en Europa a su vez que destacó las medidas estrictas de distanciamiento y control social en Asia, le pusó un nombre a ese fino equilibrio para la reapertura: El martillo y la danza. La propuesta de Pueyo se publicó el 19 de marzo y se sostiene en dos pilares. Primero el martillo: aplanar la curva de contagios con el aislamiento y el distanciamiento social, realizar test masivos y el rastreo de contactos para luego controlar su evolución según el riesgo (la danza). Esto, en parte, es lo que está por hacer Argentina tras un mes de cuarentena (bastante) estricta: empezar a abrir de a poco y ver que sucede con la enfermedad. Si vuelve a crecer —explica Pueyo— se aplica de nuevo el martillo y la danza. Así hasta lograr una vacuna o un tratamiento efectivo a sabiendas de que puede demorar más de un año y medio.
Controlar la evolución de contagios (la danza) con medidas de cuidado como el aislamiento, los tapaboca y barbijos o por medio de una distancia de un metro y medio entre personas tiene beneficios (aplanar la curva) pero también consecuencias.
¿Cómo será la vuelta al uso masivo del transporte público? Para quienes no puedan trabajar desde su casa llegar al lugar de trabajo puede insumir una mayor cantidad de tiempo para ir y volver porque las unidades de transporte deberán respetar la distancia social. Habrá que idear esquemas para nada fáciles de asumir y la productividad igualmente se verá afectada porque una vez dentro del establecimiento los trabajadores deberán estar distanciados para evitar contagios o como mínimo la psicosis que la mera posibilidad puede ocasionar.
Donald McNeil Jr., periodista científico y de salud del New York Times, se preguntaba en el podcast The Daily cómo harían para funcionar los negocios gastronómicos con la distancia de un metro y medio entre personas. “Un restaurante que habitualmente tiene 100 cubiertos, debido al distanciamiento, ahora podrá atender solo a diez”, calculó. Eso aplica para cualquier lugar del mundo. Lo mismo se podría pensar con los teatros, los recitales, los shoppings y cualquier tipo de actividad comercial, social y cultural que implique aglomeración de (unas pocas) personas. Los gimnasios, peluquerías y demás actividades que reúnan personas puede que tengan que retomar la actividad ofreciendo turnos bajo un estricto control que respete el distanciamiento.
La actividad económica en cualquier escenario es contractiva con estas restricciones sanitarias necesarias, hasta que se logre erradicar el coronavirus.
El aislamiento como forma (¿transitoria?) de vida
La incertidumbre respecto a en qué momento se alcanzará una cura que inmunice del Covid-19 puede que obligue al gobierno nacional y los gobernadores a establecer un nuevo protocolo para todas las personas que viajen entre provincias, ciudades y pueblos donde se relaje la cuarentena. El movimiento entre los que se muevan de una zona caliente (Rosario, Córdoba, Chaco, Capital Federal y Área Metropolitana de Buenos Aires por ejemplo) a zonas sin casos o con baja incidencia de la enfermedad deberán tener controles rigurosos porque podrían trasladar de forma involuntaria el virus y contagiar a personas sanas. Las implicancias para el turismo en ese caso pueden ser importantes.
Los turistas internacionales una vez que se abran los cielos son otra incógnita. ¿Deberán realizar una cuarentena obligatoria de 14 días cuando arriben al país para certificar que no están enfermos como lo hacen ahora los argentinos que son repatriados? ¿Necesitarán un pasaporte sanitario internacional?
Las instituciones educativas es otro universo que acarrea más dudas que certezas. El ministro de Educación Nicolás Trotta declaró en radio El Destape que "perder el año no está en nuestro escenario, primero porque se sigue educando a la distancia. Es una situación excepcional y única, no estamos yendo físicamente a la escuela, pero no estamos de vacaciones, al contrario". El problema de tener cerradas las escuelas —medida también necesaria— tiene relación con la desigualdad entre alumnos de sectores populares y clases medias y altas. Quienes padezcan la falta de acceso a conectividad o de las herramientas tecnológicas necesarias verán afectado su aprendizaje hasta que se vuelva a las aulas. En este sentido Trotta agregó: "Ahora, tenemos que ver en qué condiciones va a ser la vuelta física a la escuela. Todos somos conscientes de que esto no se resuelve de un día para el otro... Va a implicar, por lo menos, según lo que dicen los especialistas, hasta que se cuente con una vacuna, ciertas modificaciones vinculadas al distanciamiento".
En ese último punto un artículo del MIT Technology Review basado en un estudio del Imperial College de Londres propuso que, cuando estén dadas las condiciones, las clases se retomen con una reducción de alumnos del 75 por ciento. Siguiendo el modelo matemático de los británicos la clausura de escuelas y las medidas de aislamiento y distanciamiento social deberían aplicarse por dos meses de forma a estricta y uno relajarse hasta encontrar una vacuna.
Los mismos interrogantes surgen con el funcionamiento de las instituciones democráticas aunque acá las presiones y los tironeos políticos suman una cuota de responsabilidad evitable.
En países como Holanda, Rumania, Colombia, Chile y Uruguay sus congresos sesionan y votan de forma remota debido a la pandemia de Coronavirus. En España esto se realiza aunque de forma parcial.
La Justicia federal Argentina y los poderes judiciales de las provincias funcionan con actividad reducida similar a la Feria. En Santa Fe en particular los juzgados solo atienden audiencias importantes o de urgencia. Las fiscalías —Ministerio Público de la Acusación— trabajan con normalidad en parte desde las oficinas y de manera remota. Fuentes de fiscalía detallaron que "se realizan entre 10 y 15 audiencias por zoom y entrevistas telefónicas a testigos para avanzar en las causas".
Esta nueva realidad genera incertidumbre en quienes atraviesan procesos en su contra y otro tipo de disputas legales que se encuentran a la espera de un juicio. Los traslados y recepción de detenidos al Centro de Justicia Penal y en las sedes de Fiscalía se realizan con limitaciones por la situación sanitaria.
La imagen de los pasillos de tribunales atestados de gente puede que deba esperar a una vacuna definitiva.
Cualquier escenario de la vida cotidiana e institucional donde se analice una salida ordenada para evitar el avance de la enfermedad, el distanciamiento social y el control de las autoridades juega un rol crucial. Esto supone nuevas reglas de comportamiento y organización social que van a chocar con las libertades y derechos civiles de la vida pre pandemia.
¡Sonría! Lo estamos filmando (geolocalizando, rastreando, etc)
Los países del hemisferio norte más afectados por el coronavirus comenzaron a pensar métodos de control social para contener la expansión de la enfermedad y para evitar nuevos brotes en naciones donde se aplanó la curva. Esto no solo incluye a China que venía con críticas de la comunidad internacional por su sistemas de puntos sociales. Instituciones norteamericanas están hablando de medidas de control que avasallan derechos civiles y en Europa, algunos países, esbozan desarrollos que combinan privacidad con control social.
En China, las personas deben instalar la app "código de salud" que determina si los usuarios pueden viajar, entrar a centros comerciales masivos o simplemente salir de sus casas. La app emplea un código QR que puede ser leído por otro teléfono. En base al rastreo que el software hace de los datos suministrados por el usuario, se establecen permisos codificados por colores sobre qué puede y qué no hacer. Verde (no está infectado y tiene libre movilidad), amarillo (personas que estuvieron fuera de la ciudad donde habita pero en zonas de no riesgo en los últimos 14 días) o rojo (persona confirmada de Covid-19, debe aislarse y recibir atención médica). La persona que suministre información falsa y contagie a otros puede ser detectada con facilidad y deberá enfrentar consecuencias legales que incluyen la cárcel.
En Estado Unidos algunas de las ideas que se conocieron son una adaptación del martillo y la danza y provienen de organismos como el American Enterprise Institute y el Centro para el Progreso Americano. Estas ideas giran en torno a un aislamiento social amplio y lo más riguroso posible (bajar la tasa de contagios), aumento de la capacidad de testeo para cuando se empiece a relajar el aislamiento y que esas pruebas además permitan la detección de anticuerpos para encontrar personas que se hayan vuelto inmunes. Esto último tiene un doble objetivo: por un lado encontrar donantes de plasma para terapias contra el Covid-19 y por el otro comenzar a emitir un documento o pasaporte de inmunidad que permita reincorporarse al trabajo o dejar de cumplir con algunas restricciones impuestas por la pandemia. La BBC informó que países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España y Chile lo están considerando.
Estas organizaciones —en el mismo artículo del MIT Technology Review— a su vez proponen que quienes den negativo en las pruebas también se les permita moverse, pero con controles médicos regulares y aceptar que se rastree la ubicación de su teléfono móvil. Así podrán recibir alertas si entran en contacto con alguien que haya sido contagiado.
El Centro de Ética Edmond J. Safra de la Universidad de Harvard (EEUU) por su parte propone esquemas para realizar rastreo persona a persona que respeten el anonimato y la privacidad de las personas. Una aplicación en el teléfono que intercambia tokens encriptados vía Bluetooth con otros celulares que se mantengan cerca un tiempo preestablecido. Si la persona da positivo de Covid-19 carga esa información en la app y se disparan alertas a quienes estuvieron en contacto gracias a los tokens que recopiló en los últimos días. Quienes las reciban no sabrán la identidad de la persona infectada y deberán auto aislarse o hacerse el hisopado.
La propuesta del Centro Safra no precisa el rastreo GPS ni otros datos que ponga en peligro la identidad, pero la descarga de la app y la carga de información dependerá de la responsabilidad y el compromiso de la población.
En esta línea Apple y Google anunciaron “un esfuerzo conjunto para permitir el uso de tecnología Bluetooth para ayudar a los gobiernos y las agencias de salud a reducir la propagación del virus” junto a un diseño que respete la privacidad y la seguridad del usuario. El desarrollo que resulte de esta alianza se incorporará en la etapa de fabricación a los sistemas operativos de los teléfonos iPhone y Android.
En Europa son varios las nacionaes que están en la misma línea del Centro Safra. Un consorcio de países de la Unión Europea liderados por la alemana Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) lanzará un software de código abierto para crear aplicaciones que ayuden a rastrear el Covid-19. “El Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) comprende más de 130 miembros en ocho países europeos, incluidos científicos, tecnólogos y expertos”, detalla el artículo de Inside Privacy. El PEPP-PT asegura que se respetara la seguridad de datos anonimizados y la interoperabilidad entre fronteras.
Al igual que lo que propone el Centro Safra, las apps utilizarán tecnología de señal Bluetooth.
En Argentina el gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete lanzó “Coronavirus Argentina”, una aplicación para Android y iOS que ahora sacó una nueva versión: Cuidar COVID-19. Según la descripción actualizada esta “incorpora herramientas y funciones para optimizar el control epidemiológico dispuesto por las autoridades sanitarias. También incorpora (dixit) indicaciones y vías de comunicación entre el ciudadano y el sistema de salud”.
La app se pusó a disposición de la ciudadanía el 23 de marzo, cuatro días después de decretarse la primera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y hasta el momento fue descargada de forma voluntaria por más de 500 mil personas.
En los Términos y Condiciones que el usuario debe aceptar para poder usar la app el gobierno nacional se asegura el consentimiento del usuario para acceder a su ubicación GPS. Eso tiene como finalidad “realizar comparaciones y predicciones, basadas en recomendaciones sanitarias que determine el Ministerio de Salud de la Nación, como por ejemplo, mapeos de zonas de riesgo y áreas de poco distanciamiento social”. Además se le permite acceder a datos personales como: “número de DNI y trámite” y se agrega un escaneo del código de barras del documento para confirmar la identidad.
Entre las prohibiciones se imposibilita realizar ingeniería inversa. Esto tiene un lado positivo: prohíbe, y por ende penaliza, que una persona con los conocimientos técnicos adecuados intente quebrar el sistema y robar información privada de terceros. El costado negativo es que evita que la comunidad hacker testee la app en busca de vulnerabilidades de seguridad que se podrían corregir para evitar lo primero. Por último se asegura el respeto de la Ley 25.326 referida a Datos Personales y Habeas Data en lo que hace a la intimidad de las personas.
Acceder a datos tan precisos de los ciudadanos le permite al Estado —tal como lo expresa el punto 5.3 de los Términos y Condiciones de Cuidar COVID-19— tener una trazabilidad en tiempos real de cada usuario a través del GPS de su teléfono junto con su nombre completo, DNI, edad, domicilio e “información referida a su salud como síntomas, antecedentes médicos y diagnóstico” además de que se faculta a la Subsecretaria de Gobierno Abierto a cruzar esa información con otras entidades estatales de todos los niveles. Y todo esto ya sea que se esté enfermo, sano o sea sospechoso de haber contraído Covid-19. Por último se permite que el usuario pueda pedir la supresión de la información personal recolectada en el punto 5.6.
Otra herramienta que el gobierno nacional puso a disposición de las personas fue un número de Whatsapp para recibir consultas y brindar información. Al igual que en el caso de Cuidar se podría identificar a la persona detrás de cada mensaje enviado si las respuestas del que consulta disparara la sospecha de un contagio por parte de las autoridades.
Gabriel Sued, del diario La Nación, informó la semana pasada que Casa Rosada analiza el número de viajes diario en el transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio de la tarjeta SUBE. Una herramienta de trackeo social que ya había sido señalada por expertos locales en privacidad como preocupante porque posibilita la identificación personal de su portador.
En el mismo artículo Sued destaca la convergencia Estado y sector privado por medio del uso de dos mapas de calor: uno que se vale de las antenas de teléfono de la empresa Movistar para monitorizar “el movimiento de diez millones de usuarios [anonimizados], según las celdas que captan las llamadas o el uso de datos”. El segundo un mapa elaborado por Google “a partir del historial de ubicaciones de los usuarios de la aplicación en los teléfonos celulares”.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe, a través de sus fiscales y jueces, puede obligar a quienes retornan de zonas de riesgo y a quienes incumplen con el aislamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a instalar una aplicación en sus teléfonos para hacer un rastreo en tiempo real a través del GPS y así evitar nuevos contagios.
Un nuevo día espera
El futuro resulta incierto al abordar los desafíos que impone un virus con un periodo de incubación prolongado, niveles de complicación con capacidad para saturar cualquier sistema de salud y una proyección para alcanzar la cura que, siendo optimistas, puede demorar un año y medio. El director general de la OMS dijo que la pandemia llegó para quedarse un largo tiempo.
Lo que podemos intuir por todo lo relevado es que la normalidad previa a la pandemia no será fácil de retomar y tal vez nunca se logre debido a los cambios acelerados que se están sucediendo en todos los ámbitos de la vida. La única certeza es que la enfermedad pasará, ya sea porque la población mundial logre autoinmunizarse o por que se encuentre un tratamiento efectivo antes.
La salud pública, la educación, los lazos sociales comunitarios, las desigualdades, la economía, el rol del Estado y el control social están en disputa. El mundo frenó de golpe y lo que surgirá al final de la pandemia dependerá del involucramiento y la presión que ejerzan las sociedades respecto al mundo que quieren habitar.
