Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes una nueva prueba con la que buscan cuestionar uno de los fundamentos de la condena dictada en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron que la documentación permite reconstruir cómo fueron distribuidos los fondos de un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015.
Según explicó Beraldi, la información surgió a partir de la declaración de un técnico de Vialidad que participó como testigo en la causa conocida como Cuadernos. El funcionario presentó una base de datos con el detalle de la distribución de esos recursos, documentación que, de acuerdo con la defensa, no había sido incorporada anteriormente al análisis que realizaron los abogados.
Qué encontró la defensa
A partir de esa información, los abogados elaboraron un informe sobre los fondos destinados a obras públicas durante el período investigado.
Según los datos expuestos por la defensa, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares a través del fideicomiso. De ese total, sostuvieron que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió el 0,85 por ciento.
Para Beraldi, ese porcentaje permite discutir la hipótesis que, según su interpretación, fue utilizada en la condena: que el decreto 54/2009 había sido dictado con el objetivo de beneficiar específicamente a empresas relacionadas con Báez.
“El Tribunal Oral Federal centra la condena sobre estos fondos y dice que ese decreto había sido emitido de forma irregular y con el exclusivo propósito de proveer fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”, explicó el abogado.
La defensa sostiene que la información sobre la distribución de los recursos contradice esa interpretación.
"Cristina no se va a arrodillar ante nadie"
El abogado Alberto Beraldi resaltó que la expresidenta "tiene una fortaleza indescriptible" y advirtió que "no la van a vencer ni con 1600 ni con 1800 páginas". https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/xF2cPntECz— Corta (@somoscorta) September 15, 2026
El decreto 54/2009, en el centro de la discusión
Otro de los puntos cuestionados por los abogados es el alcance del decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.
La norma incorporó como beneficiarios del fideicomiso a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de Control de Concesiones Viales para financiar distintas obras de infraestructura.
Según la defensa, se trataba de una disposición de carácter general y no de una medida destinada específicamente a favorecer a una empresa.
Beraldi sostuvo que sus abogados habían intentado durante el proceso incorporar una pericia contable para determinar cómo se habían distribuido los fondos, pero que ese planteo fue rechazado.
“Encontramos una prueba determinante”, afirmó el letrado al referirse a la nueva documentación.
Cómo seguirá la estrategia judicial
Con la nueva información, la defensa prepara un recurso de revisión ante la Justicia argentina. El objetivo es que los nuevos elementos sean considerados y, según anticiparon los abogados, buscar también la suspensión de los efectos de la condena, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La estrategia tendrá además una instancia internacional. Los abogados llevarán la documentación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el cual ya existe una presentación de la defensa relacionada con la condena y sus consecuencias.
Según anticipó Beraldi, esperan que el organismo internacional analice el nuevo planteo en octubre.
Borrego explicó que la estrategia contempla tres vías: la revisión judicial en Argentina, la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y una tercera instancia vinculada con la discusión política del caso.
Por ahora, la nueva información forma parte de los argumentos de la defensa. Será la Justicia argentina, y eventualmente el organismo internacional, la que deberá determinar qué valor corresponde otorgarle a esos elementos y si tienen incidencia sobre la condena dictada en la causa Vialidad.
