El Senado le dará media sanción este jueves al proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches o trapitos. La iniciativa, que generó intensas negociaciones políticas y motivó una reciente cumbre con ministros del gobierno provincial, establece una modificación al Código de Faltas para penar la actividad, pero elega en los municipios, con especial impacto en Rosario y la ciudad capital, la potestad final para restringir la práctica en sus territorios. Desde la gestión de Pablo Javkin amnifestaron conformidad con la iniciativa que se vitará en la Cámara alta y aceptaron que habría que sancionar una ordenanza local.
El proyecto unifica propuestas previas de la Cámara baja y propone incorporar formalmente la labor contravencional a las leyes santafesinas, dotando a la Policía de herramientas para actuar de oficio. Ante la preocupación de senadores del interior, quienes temen que las personas desplazadas de los grandes centros urbanos migren a ciudades más pequeñas, el Ejecutivo provincial dejó en claro que no se puede aplicar una norma homogénea para realidades tan distintas. De hecho, este miércoles desembarcaron en la Legislatura los ministros Fabián Bastía (Gobierno), Pablo Olivares (Economía), Pablo Cococcioni (Seguridad) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) para dar cuenta de que se trata de un fenómeno complejo que trasciende lo meramente policial.
El presidente de la bancada oficialista del Senado, el radical Rodrigo Borla, explicó los alcances del acuerdo alcanzado en el oficialismo. El legislador señaló: "Partimos del origen que el tema cuidacoches es una facultad o un control municipal". En esa línea, remarcó que, si bien el concepto de la ley es general, la normativa está orientada a los centros urbanos más poblados.
Respecto de las penas, el senador detalló las modificaciones que se buscan implementar para quienes ejerzan la actividad en lugares prohibidos o protagonicen situaciones de violencia o extorsión. Borla precisó que "frente a determinadas situaciones se pueden aplicar sanciones de trabajo comunitario de 2 a 10 días, en el caso que haya reincidencia, arresto de 10 a 20 días". A su vez, aclaró que las penalidades se pueden agravar en función de los horarios, cuestiones de género o reiteración de las faltas.
La realidad en el territorio provincial es muy diversa, dado que mientras algunos municipios cuentan con cooperativas o registros para contener a los cuidacoches, en otras plazas se busca la erradicación total. Según detalló Borla, "hay localidades en la provincia que están prohibido por ordenanza, otros están prohibidos por decreto, como el caso de Rafaela". Además, el legislador argumentó que el debate se circunscribe a un puñado de grandes ciudades que resultan de alto impacto porque allí reside el 60 por ciento de los santafesinos.
En caso de que las intendencias determinen la prohibición mediante ordenanza, podrán solicitar la intervención del Ministerio de Seguridad para que la fuerza pública actúe ante contravenciones o delitos en flagrancia.
Este panorama de delegación municipal va en sintonía con las recientes declaraciones de la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, quien advirtió a la ciudadanía que la sanción de la ley provincial no hará desaparecer a los "trapitos" de un día para el otro. La edila remarcó la necesidad de un abordaje progresivo, focalizado en las zonas de mayor tensión como el Paseo del Siglo, barrio Pichincha, avenida Pellegrini y la costa central, acompañando la presencia policial con políticas de reinserción laboral desde el área de Desarrollo Humano.
