Fiscales de 5 provincias, entre ellas Santa Fe, avanzan en una investigación contra una organización criminal de alcance nacional a la que le imputan complejas y millonarias estafas virtuales, en una causa que ya suma 11 imputados,, más de 30 allanamientos y el secuestro de millonarias sumas de dinero.
¿Cómo era la maniobra? La organización operaba mediante corporaciones legalmente constituidas e inscritas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y Arca. Con documentación oficial y CUIT legítimos, abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales para captar los ahorros de miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país.
Para llevar a cabo el engaño, la red criminal diseñó interfaces digitales y aplicaciones apócrifas que clonaban a la perfección los logotipos y mecánicas de brokers de bolsa autorizados. Atraían a las víctimas prometiendo rendimientos extraordinarios e irreales del 30% o 40% mensual en criptomonedas y activos bursátiles. Al principio, simulaban ganancias en las pantallas para generar confianza, pero bloqueaban definitivamente los fondos cuando los usuarios intentaban retirar su dinero, excusándose en restricciones del Banco Central.
La investigación está en cabeza de Equipo de Investigación Conjunta (EIC) conformado junto a fiscales de los Ministerios Públicos de Chubut, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por Santa Fe, participa la Unidad especializada Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2 Rosario, a cargo de los Fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe
Gracias al flujo probatorio cruzad. entre los fiscales de las cinco provincias, se logró avanzar en una masiva ola de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Entre los operativos iniciales y una reciente segunda fase de 10 allanamientos simultáneos dictados en CABA y localidades bonaerenses (como Villa Tesei y San Justo), la causa ya acumula 11 imputados identificados y detenidos, entre ellos contadores públicos y los líderes de la estructura.
Los procedimientos permitieron secuestrar más de 250.000 dólares en efectivo y activos digitales durante la primera etapa, sumados a miles de dólares físicos, vehículos, y decenas de soportes electrónicos (celulares, CPU y notebooks) en los últimos procedimientos. El dinero sustraído era posteriormente lavado mediante el arbitraje de criptoactivos y mesas de cambio ilegal.
Dada la magnitud del andamiaje societario y el gigante volumen de información tecnológica incautada, la Justicia otorgó el encuadre procesal de Causa Compleja, estableciendo un plazo extraordinario de 16 meses para procesar el material digital y elevar el caso a juicio.
Según se informó, la Fiscalía de Rosario continúa trabajando activamente en el avance de la investigación de datos informáticos para detectar ramificaciones locales, identificar a más damnificados de la región y determinar la extensión total de los activos defraudados.
