En el marco del debate legislativo para restringir la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, brindó detalles sobre la radiografía actual de la problemática en la ciudad. El funcionario ratificó que el Ejecutivo local apoya la normativa para terminar con la exigencia de dinero en el espacio público, aunque aclaró que la medida debe complementarse con un abordaje social y de salud integral.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Herrera mencionó que, a partir de los operativos conjuntos con la Policía, durante 2025 identificaron a 754 cuidacoches en Rosario. Y sobre las situaciones en las que hubo episodios de violencia, precisó: “De los reclamos que llegan al 147, más del 85% son en la zona del centro”, dijo, y sumó que las denuncias se concentran fundamentalmente en “corredores que tienen una actividad gastronómica muy fuerte por la noche o en corredores comerciales”.
Sobre la discusión en la Legislatura provincial, el secretario de Control se expresó en la misma línea que el intendente Pablo Javkin días atrás: "Creo que es necesaria una prohibición, pero me parece que la prohibición tiene que venir acompañada de otras medidas".
El funcionario municipal detalló que las situaciones en la calle son sumamente dispares. Mientras sostuvo que en algunos casos operan mafias vinculadas a barras bravas que exigen tarifas fijas, en otros puntos de la ciudad los propios vecinos defienden a las personas que cuidan los vehículos mediante la junta de firmas. "Es un tema complejo que no se puede abordar únicamente con la prohibición", sostuvo, e hizo hincapié en que a los cuidacoches que no tienen antecedentes penales se les debe enseñar un oficio y ayudarlos para reinsertarse en la sociedad.
El debate legislativo y los límites de las sanciones
Herrera destacó la propuesta del senador Ciro Seisas por considerarla “la más completa”, ya que combina el cese de la actividad con el trabajo social por parte del Estado. En ese contexto, advirtió que muchos hombres de entre 30 y 45 años terminan en esta situación como consecuencia de problemas de consumo problemático, lo que demanda una mirada enfocada en la salud.
En cuanto a las herramientas actuales con las que cuenta el municipio, evaluó que son limitadas. "Hicimos 9.090 actas labradas por el artículo 300 del Código de Convivencia, pero termina siendo una multa", graficó.
Por último, reflexionó sobre el desafío estructural e institucional que representa aplicar la medida. “No es tan sencillo el tema de la prohibición, porque después no solo hay que resolver en dónde alojar a esas personas en caso de que tengan una sanción de prisión, sino también el proceso judicial”, apuntó, en referencia a las falencias de la estructura contravencional actual.
