En un trámite parlamentario tan particular como poco frecuente, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un proyecto que había obtenido media sanción en el Senado en 1998 y que, 28 años después, volvió a ser tratado en el Congreso.
La votación terminó con 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención. Pero la iniciativa todavía no se convirtió en ley: Diputados modificó el texto que había llegado desde el Senado y, por ese motivo, deberá regresar a la cámara de origen.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al que adhieren actualmente 158 países. Su objetivo es facilitar y simplificar el proceso para quienes buscan proteger una invención mediante una patente en distintos países.
Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no forma parte del acuerdo. La particularidad es que el proyecto que finalmente volvió a tratarse ahora tenía media sanción del Senado desde 1998.
La vigencia de aquella sanción parlamentaria se mantuvo durante todos estos años debido a las disposiciones de la legislación argentina sobre la caducidad de los asuntos tratados por el Congreso y, particularmente, los tratados internacionales.
¿Qué pasó para que vuelva al Senado?
El punto que trabó la sanción definitiva estuvo relacionado con el Capítulo II del tratado, que contempla la posibilidad de realizar exámenes internacionales (que no son vinculantes) sobre los requisitos de patentabilidad de una invención.
El proyecto que había avanzado en las comisiones establecía que Argentina adheriría al tratado con una reserva sobre ese capítulo, una condición que había sido planteada por sectores de la industria farmacéutica.
Durante el debate, el diputado Maximiliano Ferraro propuso eliminar esa reserva. La modificación fue aprobada y, al cambiar el texto que había enviado el Senado, la iniciativa debe regresar ahora a esa cámara. Por eso, pese a la aprobación de Diputados, el PCT todavía no es ley.
La adhesión al tratado también tiene un componente de política internacional. El Gobierno nacional la incluyó entre los compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial alcanzado entre ambos países en febrero.
El dictamen había sido firmado en las comisiones de Diputados en mayo, pero el oficialismo decidió postergar su tratamiento mientras avanzaban las negociaciones con la administración de Donald Trump en materia arancelaria.
Desde el Gobierno defendieron la incorporación al sistema internacional de patentes como una herramienta para reducir tiempos, burocracia y costos para investigadores, universidades, emprendedores y empresas argentinas.
Actualmente, quienes buscan registrar sus invenciones desde Argentina hacia otros países deben realizar parte de esos trámites desde el exterior porque el país no cuenta con una oficina receptora del PCT. Con la adhesión, el sistema permitiría centralizar buena parte de ese procedimiento.
El proyecto generó además una discusión entre oficialismo y oposición sobre las razones por las que Argentina decidió avanzar ahora con el tratado. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Juliana Santillán, defendió la adhesión y destacó que el PCT reúne a 158 Estados.
La diputada planteó que la discusión pasa por si los investigadores, universidades, emprendedores y empresas tecnológicas argentinas deben tener acceso a las mismas herramientas de protección de sus desarrollos que existen en buena parte del mundo.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que el tratado sea aprobado como parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos. El ex canciller Santiago Cafiero sostuvo que la incorporación constituye una concesión dentro del acuerdo entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump y cuestionó que Argentina avance sobre esos compromisos mientras, según planteó, el escenario de las negociaciones comerciales con Estados Unidos cambió.
También hubo cuestionamientos vinculados específicamente con el sistema de patentamiento. La diputada Adriana Serquis, investigadora del Conicet, sostuvo que no es necesario adherir al tratado para que los investigadores argentinos puedan patentar sus desarrollos y advirtió sobre posibles modificaciones en los requisitos técnicos de patentabilidad.
Así, el proyecto que sobrevivió durante 28 años en el Congreso todavía tendrá que atravesar una instancia más: ahora será el Senado el que deberá decidir si acepta la modificación introducida por Diputados o insiste con el texto que había aprobado originalmente en 1998.
