El gobierno nacional dispuso una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, correspondiente a junio 2026. La medida contempla un incremento general del 2,10% para todas las prestaciones y un adicional del 20% para aquellas que se brinden en las provincias de la zona patagónica.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución N° 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. Según se indicó, el aumento fue definido tras evaluar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026.
En el caso de la Patagonia, el adicional se aplicará sobre el arancel básico debido a que se trata de una zona considerada desfavorable. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es equiparar los costos de prestación en regiones con mayores dificultades geográficas y logísticas.
Con la actualización, el arancel para un centro de día con jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92, mientras que la jornada simple aumentará de $551.687,35 a $563.272,78.
Por su parte, los centros educativos terapéuticos percibirán $1.189.351,59 por jornada doble y $649.532,62 por jornada simple.
Asimismo, las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42. En tanto, una rehabilitación bajo la modalidad de módulo integral intensivo costará $173.795,66 y aquella que incluya hospitalización de día por jornada simple alcanzará los $624.939,96.
La resolución también fijó un valor de $865,07 por cada kilómetro recorrido en concepto de transporte y de $4.740,29 para alimentación.
Reclamos por la Ley de Emergencia en Discapacidad
La actualización arancelaria se produjo en medio de los reclamos que sostienen beneficiarios, familiares y prestadores por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación durante el año pasado.
En paralelo, a mediados de abril, el Gobierno presentó un proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, iniciativa que propone modificaciones sustanciales a la legislación vigente tras las investigaciones abiertas por el presunto pago de coimas a prestadores y la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El proyecto plantea la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley actual. De acuerdo con la propuesta oficial, esto implicaría modificaciones en el alcance de la asistencia estatal y un retorno al esquema previo a la sanción de la emergencia.
Además, incorpora nuevas condiciones para acceder a las pensiones por invalidez, redefine los criterios para recibir la ayuda estatal y endurece los controles sobre los beneficiarios. Entre los principales puntos figura la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
El texto también prevé la suspensión preventiva de las pensiones ante inconsistencias detectadas durante el proceso, garantizando el derecho a defensa y al debido proceso. En ese sentido, el proyecto establece que el “incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
Otro de los cambios propuestos establece que la pensión no contributiva equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar incrementos vinculados a invalidez laboral o a zonas geográficas desfavorables.
Asimismo, incorpora el concepto de “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, una persona con discapacidad perdería la posibilidad de conservar la pensión al acceder a un trabajo registrado. También quedarían sin efecto los incentivos destinados a empresas y organizaciones que contraten personas con discapacidad.
