El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario. La decisión de recurrir la sentencia ya está tomada y la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia judicial que presentará en los próximos días.
Según fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas y el sitio Infobae, además de la apelación se analizan otras alternativas legales vinculadas con el impacto presupuestario de la medida. Desde el Ejecutivo sostienen que el Congreso debe determinar de dónde surgirán los recursos necesarios para afrontar las erogaciones previstas por la ley.
La resolución de Cormick hizo lugar a los amparos colectivos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores del sistema universitario. El magistrado declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo el “cumplimiento inmediato” de la legislación mediante el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias correspondientes.
Ese decreto había promulgado formalmente la ley, pero condicionó su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias al Presupuesto nacional.
El juez consideró que esa disposición no superaba “un test mínimo de razonabilidad” y cuestionó que permitiera suspender la aplicación de una norma sobre la cual el Congreso había insistido con las mayorías requeridas después del veto presidencial.
La legislación contempla, entre otros puntos, partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de recursos destinados a becas, investigación y hospitales universitarios. De acuerdo con una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su impacto fiscal equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Mientras avanza la estrategia para recurrir la sentencia, el Gobierno también analiza cómo afrontar los fondos previstos por la normativa en caso de que quede firme la obligación de aplicarla.
Por su parte, sectores universitarios y gremiales celebraron la resolución judicial y ratificaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
