La Fundación Fauna Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia de Mar del Plata para intentar frenar el traslado de más de 40 pingüinos de Magallanes que permanecen alojados en el ex Aquarium de esa ciudad y que serían enviados al bioparque Bubalcó, en la provincia de Río Negro. La organización cuestionó la medida y la calificó como un “desatino biológico” por las condiciones climáticas del lugar de destino.
La presentación fue realizada por Juan Antonio Lorenzani, presidente de la entidad e integrante del Observatorio Ciudadano Geo Naturaleza. Allí se solicitaron medidas urgentes para evitar que las aves sean trasladadas fuera de la provincia de Buenos Aires y se pidió notificar a Senasa, la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas.
Según sostiene la fundación en el escrito, el predio ubicado en la zona de Guerrico, en Allen, se encuentra a casi 1.000 kilómetros del mar y en una región árida donde durante el verano las temperaturas pueden superar los 38 y 40 grados a la sombra. “Ubicar a estas aves marinas en la región continental del Alto Valle de Río Negro constituye un desatino biológico severo”, afirmó la organización.
El planteo también apunta a las condiciones de adaptación de la especie. La Fundación Fauna Argentina explicó que los pingüinos de Magallanes cuentan con un plumaje impermeable y una capa de grasa que les permite conservar el calor corporal en aguas marinas frías, y sostuvo que esas características podrían dificultar la regulación de su temperatura en un ambiente continental y seco.
La denuncia incorpora además antecedentes vinculados con los animales que permanecieron en el predio de Mar del Plata. En particular, menciona la muerte de al menos ocho pingüinos y la desaparición o presunta sustracción de otros dos. Frente a esa situación, la entidad pidió al Juzgado de Garantías que ordene un inventario judicial de las aves que permanecen en el lugar, además de su identificación mediante microchips y controles realizados por biólogos independientes.
La organización también solicitó que se investigue la actuación de funcionarios públicos, inspectores y autoridades administrativas que participaron en la autorización de los traslados.
Por otra parte, el escrito cuestiona el funcionamiento del predio bajo la figura de centro de recuperación y plantea que la reproducción de animales habría sido utilizada para conservar un stock con fines comerciales luego de la quiebra del acuario. La fundación considera que esa situación podría constituir una infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal.
Finalmente, la entidad reclamó que los pingüinos que se encuentran en condiciones de regresar a su hábitat sean sometidos a un proceso de rehabilitación y posteriormente reintegrados al medio marino, en lugar de ser trasladados al establecimiento de Río Negro.
