El gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de los niños o adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, en el marco de la conmoción que generó el caso de San Cristóbal donde un alumno de 15 años fue armado y mató a un compañero de 13 dejando a otros alumnos heridos.
La medida, que busca el resarcimiento económico por los altos costos operativos de los despliegues de seguridad y emergencias, ya cuenta con 15 expedientes iniciados para instituciones educativas de Rosario, la capital provincial y otras localidades que se suman a la demanda millonaria difundida ayer dirigida a los padres de un alumno santafesino involucrado en un hecho de este tipo.
La vocera del Gobierno, Virgina Coudannes, confirmó el avance de estas intimaciones administrativas y destacó que la estrategia tuvo un efecto inmediato: las comunicaciones intimidatorias registraron una fuerte caída en los últimos días, pasando de picos de casi 90 reportes diarios a apenas 15 en toda la bota santafesina.
El primer caso concreto que se dio a conocer ocurrió en la ciudad de Santa Fe, donde se le reclamó a una familia una suma cercana a los seis millones de pesos. El episodio cobró notoriedad luego de que el padre del adolescente involucrado, al ser notificado por agentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, expresara a los uniformados que le salía "cara la jodita".
El peso de las falsas alarmas
"Decíamos hace un tiempo que no es broma. Es un delito y el delito se paga. Y esto es un ejemplo de ello", sostuvo la vocera gubernamental en declaraciones a la prensa. Además, la funcionaria detalló que ya tienen armados más de 15 expedientes iniciados y listos para hacer las notificaciones en los domicilios, a partir de toda la información que fue pasando el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los reclamos administrativos abarcan a familias de diferentes puntos del territorio provincial. Entre las ciudades mencionadas por las autoridades en la nómina de los expedientes en curso se encuentran Santa Fe, Capitán Bermúdez, Reconquista y Rosario.
El resarcimiento exigido por la Provincia corresponde de manera exclusiva a la movilización de recursos estatales que deben acudir a los establecimientos educativos para aplicar los protocolos de evacuación ante cada alerta recibida. Estas situaciones, además del gasto económico para las arcas públicas, generan escenarios muy complejos que interrumpen el normal dictado de clases.
Baja de casos y vía penal
Uno de los datos más valorados por el Gobierno es la drástica disminución de las llamadas vinculadas a este tipo de intimidaciones tras conocerse las medidas de cobro. "Iniciamos con algunos días de 87 llamadas, 75 llamadas, y ayer cerramos en 15", valoró la vocera provincial, quien destacó que los últimos reportes se repartieron tanto en el centro norte como en el sur de la geografía santafesina.
"Esto habla de las políticas efectivas, que no solo es salir a pagar el operativo y el recurso que se puso a disposición ante estas amenazas", argumentó la representante del Ejecutivo provincial para dimensionar el impacto del anuncio.
Finalmente, desde la administración santafesina dejaron en claro que la indemnización civil exigida a los padres o tutores no anula el camino de la Justicia. "Recordemos que hay un proceso investigativo penal en curso. No es que con el pago se termina, lo otro sigue en paralelo, por eso es importante resaltarlo", concluyó la funcionaria, trazando una clara división entre la multa económica por los gastos del Estado y las eventuales consecuencias legales para los involucrados.
