En un intento de terminar con la protesta policial llevada adelante por un sector de los uniformados frente a la Unidad Regional II de la Policía de Rosario y de la sede santafesina, recomponer el vínculo con la fuerza y atender reclamos salariales considerados legítimos, el gobierno provincial anunció que dará marcha atrás con los pase a disponibilidad de 20 efectivos quienes habían sido sancionados por suspender sus servicios en el marco de los reclamos salariales.

Durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni junto a su par de Economía, Pablo Olivares, se confirmó la suspensión de la sanción y se instó a los policías a volver a sus actividades. “Quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir, quiero instar a quienes hubieren sido objeto de medidas administrativas ya se presenten, tomen el arman, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe”, sostuvo.

     

En el comienzo de su exposición, Cococcioni admitió la complejidad del escenario pero aseguró que los servicios fueron prestados: “Son días particularmente desafiantes, pero la seguridad estuvo garantizada, teníamos un promedio de no menos de 100 móviles, 140 caminantes y entre 50 y 60 móviles de las fuerzas federales y, au. en el contexto de una situación de conflicto y de reclamos nos dio una operatividad que osciló entre 80 y 90 consolidándose ayer”, precisó.

El ministro se refirió a los intentos de disolver la protesta policial. “En ningún momento nos negamos a dialogar”, confió y explicó en ese sentido: “No podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionado o condicionante de la operatividad policial posterior, para sentarnos a dialogar, pedimos se que se restablezcan y a partir de las 22 eso fue cumplido”.

Según señaló, autoridades provinciales verificaron que “el grueso de la flota policial que se había hecho presente sobre la unidad volvía gradualmente a las funciones en sus respectivos cuadrantes”. Es por esto que se contactaron con posibles referentes. En ese aspecto, destacó: “Es complejo encontrar interlocutore. que puedan transmitir un cierto acuerdo y garantizar un cumplimiento”.

Cococcini valoró que los efectivos volvieran a sus actividades y de acuerdo a lo que manifestó, lo tomaron como una muestra “no hacia nosotros, sino hacia la ciudadanía”.

“Los conflictos pueden tener distintos grados y escalas, la seguridad en ningún momento fue descuidada en la provincia ni en la ciudad de Rosario”, añadió.

A continuación, se dirigió a los policías cesanteados: “Quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir, instar a quienes hubieren sido objeto de medidas administrativas ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policia de Santa Fe”, determinó.

“Conforme pasaron los días el reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial, el planteo que quien está en la jerarquía más baja y no cumple ninguna función extra que el que menos gana se aproxime a la canasta básica. El fondo de los reclamos lo consideramos muy aceptable y admisible, no se planteó ninguna locura, cosas que entendemos que apuntan a mejorar el poder adquisitivo”, observó.

Y añadió a favor de los empleados de la fuerza policial: “Si hay que de alguna manera contemplar una propuesta salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad, si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, entendemos que es correcto porque no es menor de donde venga y quien hace el reclamo”, dijo y remarcó: “La Policía en estos dos años ha trabajado incansablemente, les hemos exigido mucho porque veníamos de procesos de delito y violencia”. 

El funcionario reconoció que existe un personal muy resentido por la carga de trabajo y las tensiones de los últimos años, lo que exige una respuesta integral del Estado. Recordó además las políticas recientes de bienestar policial: refuerzo de programas de salud mental, mejoras económicas y beneficios en transporte y alojamiento.

“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlas de manera diferenciada respecto del resto de la administración pública, entendemos que es correcto. Gracias a su trabajo hoy podemos exhibir resultados en materia de seguridad valorados en todo el país”, sostuvo.

Garantía de ingreso y focalización salarial

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó la “alta dedicación y la elevada carga horaria” que caracteriza al personal policial y penitenciario, factores que -dijo- deben reflejarse en la estructura salarial.
En ese sentido anunció que todo el personal de escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario con jornadas de 48 horas o más tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo publicada mensualmente por el Indec.

La medida implicará destinar mayores recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. “La prioridad es que ningún agente quede por debajo de la canasta básica y, a partir de allí, avanzar en una jerarquización del salario que reconozca que a mayor responsabilidad debe corresponder mayor remuneración”, concluyó Olivares.