La polémica por el intento del Gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras que pone límites a la venta del territorio argentino a extranjeros tiene un antecedente que originó esa normativa y explica la importancia de una regulación. Se trata de la compra que hizo un empresario de Estados Unidos en 2008 de 200 mil hectáreas en La Rioja con un pueblo entero adentro: Valle Hermoso.
Esa pequeña localidad riojana quedó incluida en una operación de compraventa que comprendía no solo campos y montañas (tierras rurales), sino también un pueblo entero, con viviendas, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y las fuentes de agua de la zona.
A 18 años, el antecedente volvió a cobrar relevancia por el tratamiento parlamentario del proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Libertad Avanza (LLA) impulsó la desregulación absoluta y que, por ejemplo, un inversor inglés se pueda comprar la provincia de Santa Cruz. Como esa idea no prosperó entre sus aliados, da cara al debate del jueves 6 en el Senado, el oficialismo desistiría de eliminar completamente las restricciones para los compradores extranjeros, pero propondría elevar el límite actualmente vigente.
El nuevo techo se ubicaría entre el 20% y el 25% de las tierras rurales de una provincia. La norma actual señala que la propiedad en manos extranjeras no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial y departamental (este último límite por jurisdicciones más pequeñas desaparecería).
En medio de esa discusión, el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien defendió los derechos a los pobladores "comprados" por un empresario norteamericano, advirtió sobre los riesgos de modificar la legislación actual.
“Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado”, afirmó en diálogo con Futurock.
Rodríguez recordó que la operación inmobiliaria significó, en los hechos, la privatización de toda la comunidad. “Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina”, sostuvo según citó Perfil.
Aquel conflicto dejó en evidencia una diferencia jurídica fundamental entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra: “Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras”.
Jueves de protestas
Mientras el Senado debata la iniciativa, organizaciones sociales, sindicales, ambientales, políticas y de derechos humanos realizarán el jueves una jornada federal contra la reforma.
La protesta principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, pero también se anunciaron actividades en Rosario. La convocatoria comenzará durante la mañana en la plaza San Martín. Habrá intervenciones con sábanas pintadas y una movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera durante la tarde.
Las actividades se realizarán bajo consignas como “Argentina no se vende” y “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.
