La discusión en el Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional se centró desde un principio en la posibilidad de que se eliminen las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, esa es sólo una parte de una iniciativa mucho más amplia que modifica seis normas vinculadas al derecho de propiedad.
Además de los cambios a la Ley de Tierras, el texto propone reformas al régimen de expropiaciones, incorpora un nuevo procedimiento para la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, modifica la ley de integración socio urbana de barrios populares (RENABAP), elimina restricciones incorporadas a la Ley de Manejo del Fuego y actualiza el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.
Expropiaciones
Uno de los capítulos más extensos del proyecto reforma la Ley Nacional de Expropiaciones (21.499), vigente desde 1977. Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar las garantías del derecho de propiedad, limitar el uso de la expropiación a situaciones estrictamente justificadas y brindar mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a inversores.
La ley actual establece que la utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común y regula el procedimiento mediante el cual el Estado puede adquirir compulsivamente un bien privado, además del sistema de indemnizaciones y los mecanismos para que un expropiado pueda recuperar un inmueble cuando no se le da el destino previsto.
El proyecto modifica distintos artículos para endurecer los requisitos de las expropiaciones, reforzar la protección del propietario y redefinir aspectos del procedimiento judicial y de la indemnización.
Restitución de inmuebles
Otro de los cambios se incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto crea un procedimiento específico para la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, con el objetivo de agilizar los desalojos cuando exista una ocupación sin título. Según el Gobierno, la intención es garantizar una respuesta judicial más rápida frente a ese tipo de situaciones.
Cambios en la ley de Barrios Populares
La iniciativa también modifica la Ley 27.453, sancionada en 2018. Esa norma declaró de interés público la integración socio urbana de los barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y sujetó a expropiación los inmuebles donde esos asentamientos están emplazados para avanzar con su regularización dominial.
El proyecto oficial propone cambios sobre ese régimen y modifica distintos artículos vinculados con las expropiaciones previstas para esos inmuebles.
Manejo del fuego
Otro de los capítulos deroga las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente prohíbe, durante 60 años en bosques nativos, humedales y áreas protegidas, modificar el uso de las superficies incendiadas o destinarlas a desarrollos inmobiliarios. En otras áreas rurales, la prohibición alcanza los 30 años.
El proyecto elimina esas limitaciones, incorporadas tras los grandes incendios registrados en distintas regiones del país durante los últimos años.
Registro de la Propiedad
La propuesta también introduce modificaciones a la Ley 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble. Según los fundamentos oficiales, el objetivo es modernizar el sistema registral, facilitar la digitalización de los trámites y simplificar distintos procedimientos vinculados con la inscripción y publicidad de los derechos reales sobre inmuebles.
La Ley de Tierras, el capítulo que concentra el debate
El apartado que despertó mayor discusión política es el referido a la Ley de Tierras Rurales. El proyecto elimina los límites generales que hoy rigen para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y los reemplaza por un esquema que mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros y entidades controladas por ellos.
Ese cambio motivó cuestionamientos de organizaciones sociales, rurales y ambientales, que advierten sobre una posible profundización del proceso de extranjerización de la tierra, mientras que el Gobierno sostiene que la reforma busca atraer inversiones y fortalecer la protección del derecho de propiedad.
