Esta semana se escribió un nuevo capítulo de tensión en la Justicia provincial, después de que el juez federal de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazara la competencia de una investigación por microtráfico que había sido girada por la camarista Gabriela Sansó del fuero santafesino, hecho que había motivado cruces entre el Colegio de Magistrados y el fiscal regional de Rosario. Se trata del legajo por el que está acusada la presunta organización de Villa Gobernador Gálvez liderada por el recluso Jonatan “Jano” Fernández, una tercera línea de Los Monos que está en la cárcel de Piñero.
En la resolución, Da Cruz ordenó enviar copia del acta de la audiencia y del registro audiovisual de la misma a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe “a fin de que se evalúe la conducta de la magistrada Gabriela Sansó”, quien había mandado la causa a la Justicia federal al interpretar que se trataba de narcotráfico y no narcomenudeo.
A su vez, el juez federal pidió que el fiscal regional Matías Merlo “investigue la posible comisión de un delito de acción pública" por parte de la magistrada.
Ahora, el caso volverá a manos de los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi, quienes habían impulsado 100 allanamientos en Villa Gobernador Gálvez por venta minorista de droga y la violencia derivada entre las estructuras que disputan el territorio.
No se trata de una resolución menor, ya que el planteo de incompetencia que había esgrimido la camarista santafesina había derivado en una dura declaración del fiscal regional Merlo, quien llegó a afirmar que ese tipo de fallos podría derivar en “más homicidios” e instó a los jueces a “hacerse cargo” de una posible espiral de violencia en las calles.
La respuesta al jefe de fiscales de Rosario no se hizo esperar. Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario enviaron un comunicado en el que señalaron que sus dichos “constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”.
Otro capítulo de tensión en la Justicia provincial tuvo lugar sobre finales de febrero, cuando la fiscal general María Cecilia Vranicich envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para manifestar su desacuerdo por una decisión tomada por el máximo tribunal, que resolvió no contemplar espacios físicos para el personal del Ministerio Público de la Acusación en el nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la capital provincial.
