La tensión entre distintos actores de la Justicia santafesina volvió a hacerse notoria en la última semana, después de que una jueza de segunda instancia girara un legajo por microtráfico a la Justicia federal al considerar que debía investigarse como narcotráfico. El fiscal regional de Rosario Matías Merlo cuestionó la resolución, afirmó que ese tipo de fallos podría derivar en “más homicidios” e instó a los camaristas a “hacerse cargo” de una espiral de violencia en las calles. Por ese motivo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad lanzó un duro comunicado contra el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, en el que señalaron que las declaraciones constituyen un "intento de coacción institucional”.
Todo comenzó con una resolución de la camarista Gabriela Sansó el viernes pasado, quien estuvo a cargo del debate por la apelación a las prisiones preventivas de los presuntos miembros de la banda de narcomenudeo liderada por el recluso de Piñero vinculado a Los Monos Jonatan “Jano” Fernández, que había sido allanada en septiembre del año pasado en Villa Gobernador Gálvez.
Sansó, al fallar, confirmó las prisiones preventivas de casi todos los imputados –a excepción de tres acusados, Agustín García, Luis Flores y Mirco Gruning, que quedaron en libertad– y posteriormente declaró la incompetencia de la Justicia provincial para seguir interviniendo en la carpeta judicial encabezada por los fiscales Brenda Debiasi y Pablo Socca, a cargo de la investigación.
Consultado por la situación, el jefe de fiscales de Rosario Matías Merlo dijo este martes en Cadena3: “Nos preocupa esta situación. Si nos quitan la competencia vamos a tener un Estado bobo y eso va a impactar directamente en la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego. Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias”.
La respuesta no se hizo esperar. Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario enviaron un comunicado este mismo martes en el que señalan que los dichos de Merlo “constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”.
“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras. Dicha afirmación constituye una falacia de causalidad que intenta utilizar el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad como una herramienta de presión contra los jueces. Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos (atentados judiciales) por llevar a cabo nuestra labor en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales”, agrega el texto.
El comunicado, firmado por los camaristas, añadió: “Más grave aún resulta la intencionada tergiversación de los datos de la realidad. En esta Cámara se recibieron entre 2024 y lo que va de 2026 un total de 358 casos de recursos relacionados con el microtráfico y solo siete de ellos fueron remitidos a la Justicia federal”.
“Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial”, concluye el mensaje de los camaristas.
Otro capítulo de tensión tuvo lugar sobre finales de febrero, cuando la fiscal general María Cecilia Vranicich envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para manifestar su desacuerdo por una decisión tomada por el máximo tribunal de Justicia santafesino, que resolvió no contemplar espacios físicos para el personal del Ministerio Público de la Acusación en el nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la capital provincial.
