El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en Rosario, Marcelo Molina, se refirió al proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Carolina Losada para agravar las penas por falsas denuncias. En ese marco, el ex magistrado del fuero de Familia analizó el rol de la Justicia en la provincia de Santa Fe, respondió a las críticas por los bajos índices de denuncias de mujeres que sufren violencia de género y advirtió sobre las limitaciones de los recursos del Estado para llevar adelante pesquisas de forma ilimitada.
En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Molina abordó la propuesta legislativa nacional y planteó dudas concretas sobre su aplicación práctica y los antecedentes históricos en la materia penal. "Yo me pregunto ante este tipo de proyectos cuántos condenados por falsa denuncia ha habido en los últimos 50 años", expresó el magistrado. Además, remarcó que "el sistema de investigaciones no es infinito" y cuestionó "hasta cuánto se puede llegar a disponer de medios para investigar una cantidad de falsas denuncias dando vueltas por ahí".
Sobre el funcionamiento del Poder Judicial santafesino y las críticas porque una de cada cuatro mujeres no denuncia las agresiones, el juez diferenció las distintas áreas que intervienen en un proceso. Según explicó, en los juzgados de familia el sistema "en la urgencia funciona y se obtiene una respuesta", que puede derivar en una prohibición de acercamiento en el mismo día. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo radica en cómo se controla esa restricción posteriormente en la cotidianidad, una tarea que "ya ahí sí excede al Poder Judicial".
El rol de los magistrados y el contexto cultural
Molina también reflexionó sobre la ineludible influencia del entorno social en las decisiones de los jueces. "Los jueces se desarrollan y se desempeñan en un determinado marco cultural. Y ese marco cultural, por supuesto, condiciona la mirada de cada uno. No es lo mismo un juez de hoy en día que un juez de la década del 70", sostuvo el funcionario. En ese sentido, destacó que la tarea más difícil en el ejercicio de la toma de decisiones es desprenderse de valoraciones subjetivas para "hacer valer por sobre todas las cosas el orden constitucional".
Al profundizar sobre los conflictos familiares que llegan a los tribunales y la superposición de fueros, aclaró que el Ministerio Público de la Acusación es el encargado de investigar los delitos y que sus medidas pueden acotar el margen de acción civil. "El juez de Familia no es un juez investigador", puntualizó. Por este motivo, detalló que en el último tiempo se realizan reuniones intensas entre fiscales y jueces de Familia para intentar destrabar estas situaciones complejas, teniendo en cuenta que una separación prolongada afecta el derecho a la identidad de los niños, ya que la niñez "tiene plazo de vencimiento".
