Agostina Páez, la abogada santiagueña que fue acusada de racismo en Brasil, pagó la fianza de 97.000 reales (unos US$ 20.000) que le impuso la Justicia brasileña para regresar a Argentina. Luego de enfrentar el inicio formal del juicio en su contra el martes 24 de marzo en los tribunales de Río de Janeiro, la joven de 29 años logró eludir una pena potencial de hasta 15 años de cárcel dado que se le concedió un habeas corpus para que pudiera acceder al beneficio de volver a su país.
La presentación de la defensa de Páez había sido presentada el viernes y fue finalmente admitida este lunes, por lo que este martes se realizó la transferencia, según publicó Infobae. De esta manera, no solo se le devolvió su pasaporte y se la autorizó para volver a Argentina, sino que además se le retiró la tobillera electrónica.
Ahora, la santiagueña podrá salir de Brasil tras más de dos meses retenida y continuar desde su provincia el proceso judicial por injuria racial que tramita en Río de Janeiro. Para ello, las autoridades están gestionando el papel en Migraciones que le permite salir del país.
El proceso que involucra a Páez estuvo marcado por cambios repentinos en las decisiones del tribunal. Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso a la Argentina bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo tanto en la propia imputada como en su círculo cercano.
Sin embargo, esa determinación fue revertida horas después: el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al desenlace del expediente. El habeas corpus, finalmente, marcó un cambio de rumbo en ese sentido y permitió que Agostina regrese antes de conocer la resolución.
La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.
Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia mientras aguarda en el país el fallo definitivo, lo que allanó el camino para el acuerdo que ahora debe ser evaluado por la Justicia.
El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.
