El Gobierno nacional anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Además, intimó a las autoridades británicas a detener las actividades en un plazo de dos semanas y anticipó que, en caso contrario, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La medida fue comunicada por Javier Milei quien instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Ejecutivo a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según indicó Presidencia, el objetivo es impedir lo que el Gobierno considera una explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre recursos naturales en los espacios marítimos en disputa.

En el comunicado, el Ejecutivo recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También mencionó la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

En ese marco, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que adopte, dentro de las próximas dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos. El Gobierno anticipó que, si Londres no responde al requerimiento dentro de ese plazo, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales.

Milei también se refirió al anuncio a través de sus redes sociales. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido”, escribió el Presidente y reiteró que, si en dos semanas no se detienen las actividades cuestionadas por la Argentina, el Gobierno acudirá al tribunal internacional.

La decisión se produce cinco días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, pidió al Reino Unido retomar las negociaciones y afirmó que el país adoptaría medidas frente al avance del proyecto petrolero.

Por otra parte, Presidencia rechazó la respuesta británica a ese discurso y sostuvo que la denominación de las Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en las islas en 2013 no modifican, según la posición argentina, la existencia de la controversia de soberanía reconocida en el ámbito de Naciones Unidas.

El comunicado también informó que el Gobierno detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica y, según la Casa Rosada, sin autorización de las autoridades argentinas. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, efectuar las denuncias penales correspondientes y realizar gestiones diplomáticas por esas operaciones.

Las nuevas medidas se suman a otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo durante septiembre en relación con el proyecto Sea Lion. A comienzos de mes, el Gobierno había iniciado procedimientos sancionatorios contra personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona y posteriormente amplió esas actuaciones.